“Cuando la casa está desordenada, hay que ordenarla. Eso está pasando en Atico”. Así cerró su intervención el alcalde del distrito de Atico, Julio Candia Ramos, al exigir públicamente, en una conferencia de prensa, la declaratoria del Estado de emergencia ante los actos de violencia registrados este miércoles en la antigua vía AR 104 bloqueada por los mineros informales de Calpa Renace en Caravelí.
Desde el despacho municipal, el burgomaestre afirmó que la vía AR-104, motivo central del conflicto social, fue reconocida como pública por la Gerencia Regional de Transportes mediante el Oficio 259-2025. Como se recuerda esta vía permanece bloqueada con una tranquera desde marzo por un reclamo de propiedad privada de la concesión minera que posee la empresa Intigold y que es usufructuada por la asociación Calpa Renace.
“Si no han presentado pruebas de propiedad, la vía es pública y se debe retirar la tranquera”, dijo. El alcalde denunció que, pese a las gestiones realizadas, no hubo respuesta de las autoridades competentes. “Como alcalde soy quien recibe el primer grito social de la población”, sostuvo.
Durante la misma conferencia, la representante del centro de salud de Atico reportó cinco personas atendidas la noche del miércoles, tras el enfrentamiento registrado en la zona en disputa. Entre ellas, una mujer politraumatizada por esquirlas de vidrio y un hombre con fractura nasal. “Nuestra ambulancia está operativa y el personal ha sido instruido para actuar ante cualquier emergencia”, precisó la funcionaria. Durante la noche los centros de Salud de Chala y La Planchada se mantuvieron en alerta para enviar apoyo, que afortunadamente no fue necesario.
Por su parte, el vocero del Frente de Defensa de Atico, Edison Neyra, quien también participó de reuniones en Arequipa y Lima, reiteró que se han remitido documentos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Prefectura y el Ministerio del Interior. “Aquí hay actas, visitas técnicas, registros de reuniones. No estamos improvisando”, dijo. Confirmó que los pobladores, en su momento, realizaron el mantenimiento de la carretera ante la falta de respuesta estatal.
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El pedido de declarar en emergencia el distrito se sustenta, según las autoridades locales, en los riesgos para la seguridad ciudadana que ha generado el conflicto por el acceso a un centro de trabajo. “No podemos llenarnos de policías sin resolver el problema. La solución pasa por el diálogo y el cumplimiento de lo acordado”, subrayó el alcalde en relación a que ya se determinó que la vía es de carácter estatal.
La conferencia terminó con un llamado conjunto a la calma, pero también con una advertencia: “Si las autoridades no asumen su rol, esta situación puede escalar a una desgracia mayor”, dijo el alcalde Candia Ramos.