Walther Oporto Pérez empezó su gestión, por segunda vez, al frente del sector salud con el pie izquierdo. Y es que ahora es investigado administrativamente por entregar vales de consumos de alimentos de manera irregular al personal de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Red de Salud de Islay. Esto cuando fue designado por primera vez como funcionario del gobernador, en 2023.
Según la resolución N° 000033-2025-CG/INSAR, emitida por la Contraloría General de la República (CGR), a través del Órgano Instructor de Arequipa, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el mencionado gerente, por conducta infractora muy grave. Por lo que podría ser pasible a una sanción de inhabilitación entre 1 y 5 años para ejercer la función pública.
Hechos irregulares
Las irregularidades que hoy son materia de investigación, iniciaron a fines del 2023. En su calidad de titular de la Geresa, Walther Oporto aprobó el programa de soporte nutricional denominado “Apoyo alimentario”. Este consistía en la entrega de 406 vales de consumo, cuyo precio unitario equivalía a 900 soles. El proyecto benefició a funcionarios y servidores públicos, aun cuando no les correspondía.
Aunque existían restricciones presupuestales vigentes de austeridad que prohibía la “aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y otros aguinaldos con las mismas características”, la Gerencia de Salud sacó adelante el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 07-2023-GRS/GRA-1 y le otorgó la buena pro a la empresa Megacentro CARME’S, que ejecutó el programa con 361 mil 746 soles del erario público.
Incluso, la Contraloría, mediante un informe de Orientación de Oficio, advirtió que la citada adquisición correspondiente al beneficio (vale de consumo) era contraria a la Ley de Presupuesto de ese año. No obstante, la Oficina Ejecutiva de Administración, dirigida por Miluzca Malbina Rivas Arestegui, omitió la observación y firmó el contrato con el privado, concretando así el perjuicio para el Estado.
De acuerdo al expediente administrativo que obra en la unidad contralora, la decisión de entregar estos incentivos, a través de tarjetas de consumo, no tuvieron sustento legal ni técnico. Y es que no se acreditó que sea indispensable, necesario o que facilite la prestación del servicio de los trabajadores, ni mucho menos que sea considerado como una condición de trabajo. Por si fuera poco, Oporto Pérez tampoco pidió una opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Quiso justificarse
Durante las diligencias administrativas, el ente de control requirió los documentos que acrediten la emisión de estos incentivos. Como respuesta, el funcionario de Rohel Sánchez justificó el proyecto, aduciendo que “el apoyo nutricional aparece en la Ley de Seguridad en el Trabajo. Norma que beneficia a todos los servidores públicos sea cual fuera el régimen al que pertenece”. Pero esto fue observado por la Controlaría.
Tanto Walther Oporto Pérez como Miluzca Rivas Arestegui tomaron conocimiento por la propia Contraloría de las irregularidades descritas. Pero no tomaron ningún tipo de acción para impedir que se continúe con el trámite de contratación y posterior distribución de estos vales de consumo. Por el contrario, continuaron con el trámite y finiquitaron el proceso.
Por ello, el Órgano Instructor de Arequipa los investiga administrativamente. En la resolución se detalla que los funcionarios tienen 15 días hábiles improrrogables para presentar sus descargos por las imputaciones escritas. Esto de haber sido notificados en sus casillas electrónicas. El documento también impide a la Gerencia Regional de Salud iniciar un procedimiento por los mismos hechos, a fin de evitar intromisiones del funcionario.
