La disputa entre el Gobierno Regional del Cusco y la cadena Belmond Hotels por el control del hotel Sanctuary Lodge ha revelado que el verdadero titular de la concesión no es la multinacional, sino Perú Holding de Turismo SAA. Este es un grupo empresarial cuyo principal accionista es Rafael López Aliaga. Aunque el alcalde de Lima ha intentado desvincularse del conflicto a través de su abogado Enrique Ghersi, documentos oficiales demuestran que mantiene intereses económicos directos en el negocio. El contrato original fue obtenido en 1995 por una subsidiaria de su grupo, Perú Hotel S.A., durante el régimen de Alberto Fujimori. Hoy, el hotel opera bajo administración de Belmond, pero la concesión estatal sigue en manos del conglomerado fundado por López Aliaga.
El 14 de mayo de 2024 venció la concesión por 30 años del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu. Desde entonces, Belmond Hotels, actual operador, ha solicitado una prórroga de 60 meses al Gobierno Regional del Cusco alegando interrupciones por la pandemia y protestas sociales. Sin embargo, el pedido fue rechazado. Paralelamente, el abogado de la cadena, Enrique Ghersi, declaró públicamente que Rafael López Aliaga no tiene acciones ni vínculos con Perú Belmond Hotels S.A. Esta es la empresa que gestiona el hotel, y que renunció a sus cargos en 2022, antes de asumir como alcalde.
Pero la información oficial contradice esa versión. La Memoria Anual de Accionistas de Perú Holding de Turismo SAA (PHTSAA) presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores en 2024 señala que esta empresa, cuyo principal accionista es López Aliaga, es la verdadera titular de la concesión. PHTSAA detenta la propiedad del hotel mediante su subsidiaria Perú Hotel S.A., fundada por el propio López Aliaga, que suscribió el contrato de concesión en 1995 con el Estado. Desde 1999, el grupo formó una asociación con Orient Express (hoy Belmond), dividiendo al 50% la operación del negocio.
Aunque Belmond opera el hotel, la concesión es propiedad del conglomerado empresarial de López Aliaga, lo cual ha sido documentado no solo en la memoria anual sino también en la Declaración Jurada de Intereses que el político presentó este año a la Contraloría. En dicho documento, López Aliaga reconoce mantener participación accionaria en PHTSAA. Esto desmiente categóricamente la narrativa de desvinculación promovida por su entorno legal y confirma que el conflicto con el Gobierno Regional del Cusco lo involucra directamente.
La situación expone una contradicción central: mientras López Aliaga intenta separar sus roles político y empresarial, los documentos oficiales prueban que ambos ámbitos siguen entrelazados. En este contexto, el Gobierno Regional del Cusco reclama recuperar el control de un bien estatal cuya concesión ha permanecido, durante tres décadas, en manos de un actor político con aspiraciones presidenciales. El caso reabre el debate sobre conflictos de interés en figuras públicas que no han roto del todo sus vínculos empresariales.
