El gobernador Rohel Sánchez insiste en rodearse de personajes cuestionados y con investigaciones por actos de corrupción. Ocurre que su flamante jefe de Administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Marvin Condori Almirón, fue incluido en una investigación de Contraloría por realizar pagos indebidos a favor de personas naturales. Esto sin contar con documentación que sustente los servicios que brindaron. Lo que comúnmente se conoce como “trabajadores y pagos fantasmas”.
El ahora funcionario de confianza fue designado en el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0255-GRA/GR, en reemplazo de Ysolina Berroa Atencio. Pero sin advertir de estos antecedentes graves que generaron un perjuicio económico equivalente a 37 mil 226,67 soles en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Esto cuando fungía como responsable suplente del manejo de cuentas de la casa superior de estudios.
Contraloría lo señala
Los hechos materia de investigación se evidenciaron en el informe de Control Específico N° 051-2024- 2-0210-SCE. Este detalla cómo exfuncionarios y personal activo de la universidad autorizaron pagos a un individuo que no mantenía vínculo contractual alguno con la institución. Estos desembolsos anómalos se realizaron a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) a lo largo del año 2023.
Las transacciones carecieron por completo de la documentación sustentatoria indispensable. Para maquillar la corrupción, se identificaron cinco operaciones de ampliación de certificación de crédito presupuestario en el SIAF-SP, que sirvieron de fachada para estos desvíos. La malversación se camufló bajo conceptos como servicios de conserjería y limpieza, entre otros, desviando fondos que beneficiaron indebidamente a Jonathan Arthur Aguilar Carpio.
“Pagos fantasmas”
El ente de control reveló que estas transacciones irregulares incluyen la orden de servicio N° 3482, originalmente destinada a Carmen Rosa López Villalobos para labores de conserjería y limpieza. Dicha orden experimentó una ampliación presupuestaria de 4 mil 050 soles el 8 de junio de 2023, recursos que se desviaron indebidamente.
Continuando con el patrón de irregularidades, la orden N° 4910, vinculada a Fany Yuliana Campos Ihui y destinada a la oficina de Gestión de Calidad, fue incrementada en 7 mil soles el 8 de septiembre de 2023. Poco después, el 29 de septiembre del mismo año, la orden N° 4594, correspondiente a María Fernanda Velásquez Cano en la unidad de Logística, también recibió una ampliación por 9 mil soles.
En esa misma fecha, una tercera operación bajo sospecha se registró con la orden N° 4614, asignada a Marleny Sutta Quispe para tareas de conserjería y limpieza, que igualmente se amplió en 9 mil soles. De manera similar, la orden N° 2040, asignada a Verónica Madeley Pino Hidalgo para la implementación del sistema de Gestión Institucional, vio su servicio ampliado en 7 mil 500 soles el 5 de julio de 2023. Así sumándose a la lista de desembolsos irregulares que beneficiaron al tercero mencionado sin vínculo contractual
Finalmente, el 27 de octubre de 2023, la orden N° 5928, nuevamente a nombre de María Fernanda Velásquez Cano y también para conserjería y limpieza, fue extendida por S/ 7 mil 700 soles. Todas estas ampliaciones de servicio, sin excepción, terminaron favoreciendo a Jonathan Aguilar. Este, como se ha señalado, no tenía ningún vínculo contractual legítimo con la universidad.
Responsabilidad penal
El informe concluye que los involucrados fueron el exdirector general de Administración, Jeans Óscar Valladolid Romero; el exjefe de Tesorería, Leoncio Gumercindo Calloapaza Canaza; la exgiradora del sistema SIAF, Lizbeth Mercedes Salcedo Gómez; la jefa de la Unidad de Presupuesto, Stephanie Paola Calcina Ramos; el responsable del Registro de Compromiso del Presupuesto, Giovanna Basurco Yauri; y el operador de la Unidad de Contabilidad, Bruno Saúl Paz Carbajal.
Y aquí es donde entra a tallar Marvin Condori Almirón, exresponsable suplente del manejo de cuentas. A este se le atribuye la autorización de pagos por 28 mil 266 soles en adicionales de los trabajadores a favor de Jonathan Arthur Aguilar Carpio.
En todos los casos, incluido Marvin Condori, la Contraloría determinó responsabilidad penal y administrativa funcional. Por lo que se espera que sean denunciados y procesados. Ese es el jefe de Administración que Sánchez designó para llevar las riendas de la región.
