Por Huber Valdivia Pinto. Asesor y Consultor
“Cada palabra tiene consecuencias, pero cada silencio también”. Jean Paul Sartre
Quienes anhelamos la ejecución del proyecto Majes Siguas II estamos actuando con una pasividad preocupante, sin alzar la voz ante la posible pérdida de un sueño que varias generaciones han acariciado.
Somos testigos de vaivenes y promesas cargadas de medias verdades y falsedades. No sabemos hacia dónde vamos. Un día se presiona al GORE Arequipa para que transfiera el proyecto al MIDAGRI bajo el argumento de que “no tiene dinero”, y el gobernador accede sin cuestionar que el financiamiento es responsabilidad del Gobierno Nacional. Incluso se habla ya de un supuesto Majes III. Ante estos anuncios sin sustento, lo mínimo que exigimos es prudencia: si no tienen nada claro que decir, mejor guarden silencio.
Se mencionan negociaciones para que el concesionario ceda sus derechos a otra empresa, previo pago. Luego aparece la posibilidad de un convenio Gobierno a Gobierno. Más tarde, se plantea recurrir al laudo arbitral, y semanas después, se anuncia una nueva ronda de negociaciones con la concesionaria, con la promesa de reiniciar las obras en 2026. Paralelamente, se presenta una solicitud ante el CIADI por un supuesto resarcimiento de 1,500 millones de dólares. Ese es el «cuco» con el que pretenden asustarnos.
Si realmente queremos defender Majes Siguas II, revisemos el laudo arbitral del caso Chavimochic. Veremos que las concesionarias, en general, prefieren negociar antes que someterse a un fallo. En el caso de Majes Siguas II, el monto inicial del proyecto pasó de 266 millones de dólares a 550 millones en ocho años, casi el doble, sin contar la polémica Adenda 13.
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¿En qué escenario nos encontramos realmente?
Cuando decimos “no hay que temer al laudo arbitral”, lo hacemos considerando que tanto el concesionario como el GORE Arequipa han incumplido. No hay garantía de que una nueva negociación beneficie a Arequipa. Vendrán más adendas —la 14, la 15, la 16— y al final, el sueño de Majes Siguas II podría esfumarse.
En el caso de Chavimochic, el concesionario reclamaba más de 110 millones de dólares, incluyendo 30 millones por lucro cesante. El tribunal resolvió lo siguiente:
- Pagar 25,3 millones de dólares por incumplimiento en la entrega del proyecto (terrenos).
- Ejecutar la garantía de fiel cumplimiento a favor del Estado por 25 millones.
Un empate técnico. Y si se analizan los tiempos, muchas demoras se debieron a la burocracia estatal y a la pandemia.
En Majes Siguas II, hay elementos aún más graves. La Adenda 13 introdujo cambios técnicos cuestionables que solo elevaron los costos. Se propusieron reservorios con geomembrana, pese a que en San Camilo y Majes estas estructuras enfrentan problemas con sedimentos y requieren limpieza constante. El diseño incluye tramos con presión superior a los 160 metros de altura de carga, cuando lo recomendable no supera los 50 metros. No hay planificación territorial, ni servicios básicos.
Además, ya se ha desembolsado más del 67 % del presupuesto, mientras que los avances físicos son mínimos. Esto lo advertí en un artículo anterior.
Un escenario probable en el arbitraje sería la eliminación de la Adenda 13, valorada en 104 millones de dólares, lo que significaría un importante ahorro. Esta adenda se basa en argumentos débiles, e incluso perjudiciales para el futuro del proyecto.
La Contraloría, en su Informe Previo N° 000069-2021-CG/APP, advirtió que estas modificaciones pueden implicar la pérdida de 10.17 hectáreas sin riego, mientras que el objetivo es irrigar 38,500. Es desproporcionado el nivel de preocupación por un área tan reducida.
El Valor Bruto de Producción (VBP) de Majes Siguas II, una vez consolidado y con buena tecnología, podría superar los mil millones de dólares anuales. El Estado está dejando de percibir al menos 100 millones al año por los retrasos, lo que suma más de mil millones en pérdidas. Pero lo más grave no es el dinero: es la decepción de los arequipeños y del sur del país al ver cómo este sueño se apaga entre la indiferencia de autoridades y ciudadanos.
