Perú ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de comunicaciones invasivas, según Truecaller Insights. Esto debido a que en promedio cada persona recibe 18 llamadas spam al mes. Ante esta situación, los ciudadanos pueden denunciar a las empresas responsables ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia o, alternativamente, ante Indecopi. Ambos organismos tienen canales habilitados para procesar reclamos y sancionar estas prácticas.
La primera alternativa para denunciar es ejercer el derecho de oposición directamente ante la empresa que realiza las llamadas. El usuario debe ingresar a su sitio web, revisar la política de privacidad y contactar mediante el canal de atención ARCO. Si no existe este canal, puede utilizar el libro de reclamaciones. La empresa tiene un plazo máximo de 10 días para atender el pedido. Si no hay respuesta o continúa el hostigamiento, se puede pasar a una segunda opción: acudir a la ANPD.
La ANPD permite presentar denuncias formales con pruebas como grabaciones o capturas de pantalla. Además del recibo de pago que acredite la titularidad de la línea. El formulario se descarga desde la web del MINJUSDH y puede enviarse a través de su mesa de partes virtual o entregarse presencialmente en su sede de Miraflores. Las sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales pueden ir de 0.5 hasta 50 UIT. Además de medidas correctivas como actualizar políticas de privacidad o reforzar la seguridad de la información.
Otra vía es Indecopi, que habilitó los números 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones) para recibir denuncias telefónicas. Además del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe. Esta institución también puede iniciar acciones contra empresas que incumplen la normativa del consumidor. Y ha anunciado el uso de herramientas de inteligencia artificial para identificar llamadas masivas sin consentimiento. Estas tecnologías procesarán grandes volúmenes de audios y mensajes para detectar infractores de forma más eficiente.
Milagros Pozo, directora de Fiscalización del Indecopi, advirtió que las sanciones por llamadas no autorizadas pueden alcanzar hasta 450 UIT, es decir, más de S/ 2 millones. Con esta estrategia, tanto el Ministerio de Justicia como Indecopi buscan frenar el abuso de las llamadas promocionales y proteger los datos personales de los ciudadanos, quienes aún enfrentan diariamente un bombardeo de comunicaciones no deseadas.
