El lunes 19 de mayo, un grupo de aproximadamente cincuenta miembros del Sindicato de Construcción Civil ingresó a la fuerza a la obra vial “La Nueva Molina”, parte del proyecto de la autopista Arequipa–La Joya, ejecutado por Administración Directa por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La protesta escaló rápidamente en tensión y derivó en actos de violencia, según registraron videos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran agresiones físicas, daños materiales a una camioneta y al almacén, así como intentos de impedir la grabación del incidente por parte de los trabajadores de la obra.
Este martes, Percy Huaracayo, secretario de Organización del sindicato, ofreció una conferencia de prensa en la que negó que su organización haya incitado o promovido actos vandálicos. Aseguró que la intervención del gremio se debió a una serie de denuncias por presuntos abusos laborales y violaciones a la normativa de seguridad en el trabajo por parte de la residente de obra, Reyna Salinas Machaca.
“Como sindicato, rechazamos cualquier acto de violencia, pero también es necesario mostrar los videos completos. Nosotros fuimos a conversar. Ellos nos agredieron primero, incluso con armas, y hubo una reacción por parte de los trabajadores”, afirmó Huaracayo. «Toda acción tiene una reacción», dijo el dirigente, quien aseguró que la protesta buscaba denunciar la eliminación del comedor y vestuario de los obreros, así como el despido de siete trabajadores, entre ellos dos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Según Huaracayo, desde la llegada de la actual residente –a quien identificó como una profesional procedente de Puno– se han restringido beneficios sociales mínimos en la obra, lo que calificó como una “privación del bienestar social”. Añadió que se ha desconocido el rol del Comité de Seguridad, pese a que su función está amparada por la Ley 29783. “Los despidieron por reclamar condiciones dignas de trabajo. Eso es lo que hemos ido a conversar, y no a extorsionar como algunos han dicho”, remarcó.
Consultado sobre los videos en los que se observan agresiones por parte de miembros del sindicato, Huaracayo afirmó que no todos los registros han sido difundidos y pidió que se hagan públicas las grabaciones completas para esclarecer los hechos. “Se enfocan solo en los momentos más tensos, pero no muestran cómo fuimos provocados por el personal de seguridad. Nuestra intención era dialogar”, sostuvo.
Respuesta del GRA
El Gobierno Regional de Arequipa, sin embargo, ha ofrecido una versión opuesta. El gobernador Rohel Sánchez acudió al lugar este martes y expresó su respaldo a la residente de obra. “No permitiremos que se normalicen acciones vandálicas ni delincuenciales en nuestras obras”, declaró. Asimismo, la Procuraduría del GRA anunció la presentación de una denuncia penal contra los responsables del ataque.
Desde el Gobierno se ha defendido la decisión de despedir a los siete obreros, señalando que fue producto de una evaluación de rendimiento.
Mientras tanto, el sindicato ha solicitado la intervención de SUNAFIL y llamó a los medios a verificar las condiciones de trabajo en la obra. “Los obreros no tienen ni dónde almorzar. Comen sobre piedras a la intemperie. Esa es la realidad. No se puede hablar de productividad cuando se vulneran derechos básicos”, sostuvo Huaracayo.
