La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria. La propuesta plantea que las autoridades no puedan procesar ni detener a los congresistas sin autorización del Congreso. El fujimorismo impulsó la medida y varias bancadas la respaldaron. Sus promotores afirman que busca proteger el trabajo legislativo. Sin embargo, críticos advierten que favorece la impunidad y debilita el principio de igualdad ante la ley.
Con 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dio luz verde al dictamen. Respaldaron el texto parlamentarios del fujimorismo, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y otras bancadas. El proyecto modifica el artículo 93 de la Constitución y establece que las autoridades no pueden procesar ni detener a senadores o diputados sin la autorización de su cámara o de la Comisión Permanente.
El fuero regiría desde la elección hasta un mes después del fin del mandato. Si el Congreso no responde en 30 días a una solicitud del Poder Judicial, se aplicará el “silencio administrativo positivo” y el caso pasará a la Corte Suprema. Solo en casos de delito flagrante, el Parlamento decidirá en 24 horas si autoriza o no la detención y procesamiento del legislador. La inmunidad no aplicaría a delitos cometidos antes de ser electos.
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Tras esta aprobación en comisión, el dictamen debe ser debatido por el Pleno. Como se trata de una reforma constitucional, necesita el respaldo de 87 congresistas en dos votaciones sucesivas para entrar en vigencia sin referéndum. Si no alcanza esa cifra en la primera votación, deberá consultarse a la ciudadanía. La Comisión asegura que el objetivo es proteger al Congreso de presiones políticas o judiciales externas.
No obstante, el propio dictamen reconoce riesgos. La medida podría aumentar la percepción de impunidad y debilitar la imagen del Parlamento ante la ciudadanía. También puede reforzar la idea de que los congresistas están por encima de la ley. Organizaciones civiles y analistas han criticado la iniciativa, señalando que contradice demandas ciudadanas de mayor transparencia y rendición de cuentas.
