La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, y la exministra de la Mujer, Ángela Hernández, por el presunto delito de discriminación. Ambos exfuncionarios justificaron en medios de comunicación las agresiones sexuales sufridas por niñas indígenas en Condorcanqui. Alegaron supuestas “prácticas culturales” en las comunidades Awajún y Wampis.
Las declaraciones de Quero y Hernández generaron rechazo a nivel nacional. Esto al enmarcar los abusos sexuales sistemáticos contra menores indígenas como parte de una tradición local. Sus expresiones se interpretaron como una forma de naturalizar la impunidad y desvalorizar a las víctimas. Esto en un contexto alarmante, donde se han reportado al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes en la provincia de Condorcanqui. El caso ha motivado no solo mociones de censura, sino también investigaciones penales por parte del Ministerio Público.
Durante una entrevista en TV Perú, Quero afirmó que las agresiones podrían estar vinculadas a “una práctica cultural” de formación familiar en la Amazonía. Y aunque posteriormente pidió disculpas públicas, sus palabras ya habían causado profundo malestar. Hernández, por su parte, no solo respaldó esta versión, sino que sugirió una supuesta responsabilidad de las propias niñas en los hechos. Declaraciones que más tarde intentó justificar alegando una edición sesgada de sus declaraciones.
La Fiscalía incluyó en su denuncia los argumentos de que ambos exfuncionarios promovieron discursos que “legitiman la exclusión y desvalorización” de menores indígenas. Además, recordó que esta no es la primera vez que Quero enfrenta una acusación de este tipo. Y es que el pasado 7 de mayo lo denunciaron constitucionalmente por llamar “ratas” a los muertos durante las protestas sociales. Algo que también se consideró como un acto discriminatorio y ofensivo.
Ahora será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la encargada de evaluar la procedencia de la denuncia. En caso de ser admitida, la Comisión Permanente deberá otorgar un plazo de hasta 15 días para que se elabore un informe final. Organizaciones indígenas, de derechos humanos y sectores políticos han exigido que el Congreso actúe con celeridad y contundencia ante este nuevo episodio de violencia institucional.
