El decreto supremo N°009-2025-EM, firmado por la presidenta Dina Boluarte antes de su viaje al Vaticano, ha desatado un tsunami de críticas en el sector minero. La polémica norma, que reglamenta la Ley N°32213, establece que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) puede transferirse por sucesión hereditaria, un movimiento que expertos, gremios y exministros tildan de «peligroso» y «contrario a la formalización».
El Reinfo, creado para regularizar a mineros informales, ahora permite que los titulares hereden su registro a familiares, incluso mediante la formación de una persona jurídica si hay múltiples herederos. Para César Ipenza, abogado ambientalista, esto convierte al proceso en «perpetuo»: «Si se hereda a hijos, nietos o bisnietos, se consolida la informalidad». Exministros como Carlos Herrera Descalzi coinciden: «Un reglamento no puede ampliar la ley. Esto desnaturaliza el Reinfo y abre la puerta a su comercialización».
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazó frontalmente la medida. Julia Torreblanca, su presidenta, señaló que el Reinfo es un registro administrativo, no un derecho patrimonial: «Esto perpetúa la informalidad bajo el escudo de la herencia». Angela Grossheim, directora ejecutiva, agregó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) «relaja exigencias» al permitir que mineros suspendidos reactiven su registro con solo un requisito, como presentar un informe semestral de producción.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) también exigió la eliminación de la «transmisión sucesoria», advirtiendo que debilita el rol fiscalizador de los gobiernos locales y beneficia a economías ilegales.
El Minem justificó la norma argumentando que la minería a pequeña escala es «mayoritariamente familiar». «Si un minero en formalización fallece, es razonable que sus herederos continúen el proceso», indicó el ministerio en un comunicado. Sin embargo, Rafael Belaunde Llosa, exministro de Energía y Minas, desestimó esta postura: «El Reinfo es un limbo que protege a la minería criminal. Con el oro a US$3.500 la onza, la ilegalidad seguirá creciendo».
Presión política en el Congreso
La bancada de Acción Popular viene promoviendo la interpelación del ministro Jorge Montero, acusándolo de avalar «políticas permisivas». Alejandro Muñante (Renovación Popular) tachó la norma de «contradictoria», recordando que el Reinfo expira en diciembre de 2025. El ministro Montero deberá acudir al parlamento para explicar la polémica normativa este martes 20 de mayo ante los congresistas.
