A diez meses de asumir la conducción de la Contraloría General de la República, César Aguilar lanzó su alerta más grave hasta la fecha: su institución se encuentra al borde del colapso operativo. En conferencia de prensa, el contralor informó que la entidad fiscalizadora ha perdido ya al 31.65% de su personal y que el 31 de mayo podría perder más trabajadores si no se asignan recursos adicionales.
“Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora superior para ejercer su mandato constitucional de manera plena, y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias”, advirtió Aguilar.
El contralor fue claro en señalar al Ministerio de Economía y Finanzas como responsable del recorte de más de S/ 600 millones en el Presupuesto Institucional de Apertura 2025. Según explicó, esta cifra representa una contracción del 38% respecto al presupuesto modificado del año anterior.
A marzo, 2 mil 750 trabajadores fueron desvinculados tras el vencimiento de sus contratos a plazo determinado. Con ello, la CGR opera hoy con solo el 68% de su capacidad laboral, lo que afecta directamente los servicios de control específico y auditorías en regiones.
Te puede interesar: Autodema niega responsabilidad por daños de Majes I
Pese a que el riesgo fue advertido desde julio del año pasado, ni el Ejecutivo ni el Congreso respondieron a las solicitudes de financiamiento adicional. Aguilar reiteró que su despacho ha reanudado las gestiones ante el MEF, PCM y la Presidencia, pero reconoció que el tiempo corre en contra.
“Mi despacho continúa realizando denodadas gestiones ante el MEF para solicitar recursos adicionales, pero de no recibirse estos con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos de ley para su ejecución, entonces el 31 de mayo del presente se deberá desvincular a 2175 trabajadores adicionales”, enfatizó.
Mientras tanto, los gobiernos regionales, locales y ministerios seguirán ejecutando recursos públicos sin una supervisión efectiva.
