El miércoles 14 de mayo, el país vivió una jornada de paro nacional convocada en respuesta al incremento de la violencia y el crimen organizado. En varias regiones del sur del Perú, la movilización tuvo efectos dispares: desde marchas pacíficas hasta bloqueos y paralizaciones que afectaron el transporte y la economía local.
En Arequipa, pese a la convocatoria nacional, la participación fue limitada y la protesta transcurrió de forma pacífica. Diversos gremios sindicales, como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil (STCCA), marcharon desde la plaza España hacia la Plaza de Armas. Entre sus principales reclamos figuraron la reactivación del Gasoducto Sur Peruano, el aumento del sueldo mínimo y el reajuste de pensiones. Sin embargo, los centros comerciales, mercados y unidades de transporte público operaron con normalidad, sin bloqueos ni enfrentamientos con la Policía.
En contraste, en la provincia de Islay, valle de Tambo, la situación fue distinta. Los pobladores cerraron la carretera Costanera a la altura del sector de La Curva, afectando la circulación de vehículos de carga pesada que se dirigían hacia Mollendo y Moquegua, y viceversa. En este caso, la protesta respondió a la oposición de la población local al proyecto minero Tía María.
También te puede interesar: Lo que se sabe del paro de hoy contra la criminalidad
Otras regiones
En Puno, el paro fue contundente. Se bloquearon vías en sectores como Patallani, Capachica, Illpa y el puente internacional de Ilave. En Azángaro, la paralización fue total, con bloqueos en accesos clave y el cierre de mercados y terminales. El Frente de Organizaciones Populares (FOP), liderado por Amador Núñez, exigió la llegada del gasoducto a la región y la derogación de las leyes 32293 y 32108, que —según los dirigentes— eliminan la autonomía comunal y favorecen actividades ilícitas.
En Cusco, el paro también tuvo fuerza y dejó a miles de turistas varados, especialmente a quienes planeaban visitar Machu Picchu. Bloqueos en zonas como Sicuani y la avenida El Sol en el Centro Histórico afectaron la movilidad y generaron enfrentamientos con la Policía Nacional. La ciudad paralizó sus actividades, exigiendo atención a demandas históricas como la construcción del gasoducto, nuevos hospitales y la culminación del aeropuerto de Chinchero. Los servicios turísticos se vieron interrumpidos, y la empresa PeruRail operó únicamente hasta Ollantaytambo.
En Moquegua, la ciudad de Ilo hubo una protesta en respuesta a la creciente inseguridad. En Tacna, si bien no se acató un paro total, se realizó una marcha desde la plaza Zela en apoyo a sectores afectados por la violencia, como el gremio de transportes.
A lo largo del sur del país, estas movilizaciones reflejan el descontento social ante la inseguridad, la falta de respuestas gubernamentales y la vigencia de leyes consideradas perjudiciales por diversos sectores.
