La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) criticó la decisión del Ejecutivo de paralizar todas las actividades mineras en Pataz, incluyendo las formales. Advirtió que la medida perjudica a empresas legales, trabajadores y comunidades, y fortalece a la minería ilegal.
La SNMPE expresó su preocupación por la orden gubernamental que suspende toda actividad minera en los distritos de Patáz, Parcoy y Tayabamba, en La Libertad. Aunque respalda la necesidad de restablecer el orden y el principio de autoridad, el gremio advierte que detener también a las empresas legales que cumplen con la ley no solo es innecesario, sino contraproducente. Asegura que estas compañías son víctimas del avance de mafias ilegales y no deberían ser tratadas como parte del problema.
La medida, que regirá por 30 días, podría causar graves daños a la infraestructura minera, advirtió el gremio. Detener una operación de golpe —señalan— compromete la seguridad de presas de relaves, sistemas de bombeo y túneles. Lo que eleva el riesgo de accidentes ambientales y operativos. Además, si no se permite el ingreso de personal de mantenimiento, se expondrán instalaciones críticas al deterioro y al posible control por parte de grupos criminales.
Más de 4 mil empleos están en riesgo, según la SNMPE. La suspensión forzará a las empresas a aplicar suspensión perfecta de labores, dejando a trabajadores sin ingresos. Además, provoca una ruptura en la cadena de pagos que impactará en contratistas, proveedores locales y comunidades. La minería formal en La Libertad representa el 33% de la producción de oro del país, y la medida podría costar S/ 25 millones mensuales en canon y regalías, además de US$ 80 millones en exportaciones.
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La SNMPE también responsabilizó al Ministerio de Energía y Minas por la falta de resultados en la formalización minera. Criticó la permisividad estatal ante la expansión ilegal y denunció que el Congreso contribuyó al problema al ampliar el Reinfo, favoreciendo a ilegales encubiertos. Finalmente, advirtió que esta decisión debilita la seguridad jurídica del país y espanta nuevas inversiones en el sector.
