El Ministerio Público abrió una investigación penal preliminar por un plazo de 90 días contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en perjuicio del Estado. Esto en relación con la entrega y supervisión de terrenos otorgados en servidumbre a la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, en el marco del proyecto minero Tía María.
La indagación también alcanza a tres de sus funcionarios de confianza: Norma Mamani Coila (exgerenta general del GRA), Víctor Hugo Quispe Rodríguez (jefe de Planeamiento y Presupuesto) y María Torres Tejada (jefa de Ordenamiento Territorial).
La disposición la firmó el 24 de abril por el fiscal Richard Raúl López Torres, del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, en respuesta a una denuncia presentada por Fulgencio Ruiz Herrera.
Investigados no recuperan terrenos
El caso se centra en tres terrenos públicos en Pampas de Cachendo, provincia de Islay, que se entregaron a Southern Copper. Solo uno de ellos, de 49 hectáreas, se formalizó en 2018 durante el gobierno de Yamila Osorio, pero nunca se inscribió en Registros Públicos. Esto, según la denuncia, ocultaría la existencia de la servidumbre y evitaría que el Estado cobre impuestos o tome medidas sobre el terreno.
Los otros dos terrenos han sido ocupados provisionalmente por la minera desde 2014. Esto sin que el Gobierno Regional haya exigido su devolución, a pesar de que la ley lo obliga. Además, los investigados no habrían actuado para recuperar estos terrenos. Pese a que están en un ecosistema frágil y fueron rezonificados en 2020 para uso agrícola, incompatible con la minería.
Estos terrenos forman parte de las Lomas de Cachendo, declaradas ecosistema frágil en 2016. Como se recuerda, en 2018 se otorgó a Southern una servidumbre por 21 años para el terreno de 49 hectáreas. Sin embargo, esta fue anulada en 2019 por el entonces gobernador Elmer Cáceres Llica, quien pidió la devolución del terreno. No obstante, la empresa se negó a salir, argumentando que solo un juez podía revocar el acuerdo. Presentaron una acción de amparo en Lima, que al final le terminó dando la razón.
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El conflicto resurgió en mayo de 2024, cuando pobladores del Valle de Tambo acusaron a Southern de dañar el medioambiente en las Lomas de Cachendo. Fulgencio Ruiz, el denunciante, sostiene que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias ni respetó las restricciones ambientales de la zona.
Como parte de la investigación, el fiscal ha ordenado tomar declaraciones a los implicados, pedir informes a Southern y al Gobierno Regional, revisar los registros de propiedad y evaluar el daño institucional. La policía tiene 90 días para realizar estas diligencias y presentar un informe tres días antes de que finalice el plazo.
