El fiscal José Domingo Pérez retomará sus funciones en el Equipo Especial Lava Jato este martes 6 de mayo. Esto luego de que la Dirección General de Apelaciones del Ministerio Público declarara nula la suspensión de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control. La medida lo había apartado de sus investigaciones, entre ellas el caso “Cócteles”. En este se acusa a Keiko Fujimori por presunto financiamiento ilícito de campaña.
La sanción contra Pérez se aplicó a inicios de abril por presuntas infracciones administrativas relacionadas con el abogado Arsenio Oré Guardia. Tras su suspensión, se le impidió el ingreso a su oficina. Esto incluso provocó una denuncia penal por abuso de autoridad contra Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC. Esta acción fue respaldada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien también acusó a Fernández Jerí de varios delitos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública.
La anulación de la sanción fue parcial, pero efectiva en lo que respecta a su retorno inmediato a la función fiscal. Según lo dispuesto, Pérez retomará todos los casos que tenía a su cargo antes del apartamiento, incluyendo el juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán. Durante su ausencia, se designó a la fiscal Meryl Huamán de manera provisional para reemplazarlo en la investigación contra Keiko Fujimori. Una decisión respaldada por la coordinación del equipo Lava Jato.
En declaraciones a La República, el fiscal confirmó que no existe restricción alguna para seguir adelante con sus investigaciones. Además anunció que se reunirá con Huamán para conocer los avances en los casos. Aclaró también que, aunque se revocó la suspensión, la investigación disciplinaria en su contra sigue en curso. «Lo que se ha resuelto es que no era procedente que se me retirara del cargo a través de esta medida», afirmó.
Pérez también respaldó la denuncia penal presentada por la fiscal de la Nación, subrayando que era su deber actuar ante hechos con presunto carácter delictivo. Además, consideró que la Fiscalía debió actuar con mayor prontitud frente a denuncias anteriores, como el caso Valkiria y otros audios que comprometían a altos funcionarios del Ministerio Público. Su retorno marca un nuevo capítulo en la pugna interna del sistema fiscal peruano, en un momento clave para los casos de corrupción más emblemáticos del país.
