Seis internos extranjeros fugaron el viernes 2 de mayo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en medio de un aparente debilitamiento de los controles de seguridad. Ante el escándalo, el director del centro, Francisco Náquira, deslizó que no se trató de una simple negligencia sino de un posible complot político contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Aseguró que algunos trabajadores habrían actuado de forma intencional para permitir la huida. Esto como represalia a las reformas anunciadas por el Ejecutivo en el sistema penitenciario.
Según Náquira, ya se han identificado indicios que apuntan a una participación o descuido deliberado por parte del personal que mantiene contacto directo con los adolescentes internos. “Es lamentable anunciar esto, pero todo indica que hubo una intervención interna. Por eso inmediatamente dimos parte a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a peritos especializados”, declaró en conferencia de prensa. Además, enfatizó que el ministro Arana ha dado instrucciones de aplicar una política de «tolerancia cero» frente a cualquier conducta que comprometa la integridad institucional.
El director también relacionó la fuga con el contexto político actual. Para él, este episodio no sería casual, sino una reacción orquestada ante los cambios estructurales que el Gobierno quiere implementar en los centros juveniles a nivel nacional. “Esto no es coincidencia. Justo ocurre cuando se anuncian medidas de reorganización y fortalecimiento del sistema. Hay resistencia a la transformación”, afirmó, dejando entrever que el sabotaje estaría motivado por intereses internos.
Tras los hechos, el Programa Nacional de Centros Juveniles emitió un comunicado señalando que se ha dispuesto la detención preliminar de los trabajadores presuntamente involucrados. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que ya están recopilando pruebas y testimonios para establecer responsabilidades. La investigación también se centra en cómo los jóvenes lograron superar la seguridad del recinto sin ser detenidos en el momento.
En paralelo, se declaró la reorganización del Programa Nacional de Centros Juveniles con el objetivo de garantizar la seguridad de estos espacios. Pero también la integridad del proceso de rehabilitación de los adolescentes infractores. El Ministerio de Justicia anunció que se tomarán medidas drásticas para evitar nuevos incidentes y revisar las condiciones laborales del personal. La fuga y las posteriores acusaciones han generado preocupación sobre la fragilidad del sistema de justicia juvenil en el país.
