Por Huber Valdivia Pinto. Asesor y Consultor
Debemos coincidir en que el único párrafo de la nueva Ley Agraria, que ha sido aprobada por mayoría este 15 se abril, con un alto espíritu de buena intención es: “Promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario. Con protección social hacia la agricultura moderna». Porque luego se hace una extensa perorata que se focaliza, en reiteradas ocasiones, en el aspecto tributario, como algunas exoneraciones y párrafos líricos, como si en ello radicaran los problemas de la agricultura nacional.
Olvidan o no conocen que el principal problema del sector agrario es su bajo nivel de competitividad, consecuencia de su reducida productividad. Con los actuales cultivos la rentabilidad es reducida, en perjuicio de gran parte de las familias dedicadas a estos quehaceres. A ello hay que sumarle que la brecha tecnológica crece entre el nivel de productividad actual y lo que se puede lograr accediendo a un buen manejo.
Hay dos mundos. Uno tiene que ver con el boom exportador que ha traído algunas satisfacciones en la colocación de productos agrícolas en el mercado internacional. El año anterior se han superado los 12 mil millones de dólares en exportaciones, además de generar empleo, aspecto muy relevante en nuestra economía. Ello se debe principalmente a las inversiones del sector privado y al acercamiento a nuevas tecnologías en el manejo de los cultivos, valor agregado y el conocimiento del mercado. En este rubro, en el país, se tienen comprometidas más de 200 mil hectáreas cuyos principales productos de exportación son el arándano, la vid, la palta, el espárrago y el mango.
Sin embargo, no se está viendo lo que sucede en el resto de la agricultura nacional. Lo que Basadre denominaba como ‘el Perú profundo’, que es el segundo mundo al que hacemos referencia. Allí se concentran más de 8 millones de hectáreas con un gran potencial de producción para el mercado local y con expectativas de colocación en el mercado externo.
Aquí viene la crítica al texto de la ley, que ignora los principales problemas del sector agrícola del país, que, a propósito, son mencionados de forma tangencial.
En la norma se incluyen aspectos como potenciar las cadenas productivas o acercarse a COFIDE para apalancar créditos. Aseguran que el Midagri brindará asistencia técnica, que se buscará la participación activa de las PYMES y abundan en detalles sobre la parte tributaria. Sin embargo, estos lineamientos nos alejan del objeto de la ley, la cual busca competitividad y sostenibilidad con un sesgo social para una agricultura moderna. En el desarrollo del texto no fijan mecanismos para cumplir con estos compromisos. Y por favor, no nos digan que en la reglamentación se va a detallar esos apoyos.
No. De arranque se debería proponer un Programa de Extensión Agrícola/Asistencia Técnica que aborde temas críticos como el mejor el uso de agua, la reconversión Agrícola, el acercamiento de la tecnología en el manejo de cultivos, la transferencia de conocimientos o capacidades de mercado y el involucramiento de la familia en esa noble tarea. Además de proponer una Agricultura 4.0. No se dice nada de estas materias. Pero sí se cuidan en incluir detalles sobre exoneraciones tributarias, a pesar de la opinión contraria del MEF.
Además, en este proyecto es notoria la ausencia del Gobierno. Por ejemplo hacen mención de la transferencia de tareas a los gobiernos regionales y locales y ellos solo se reservan la “Asistencia Técnica” para sí mismos.
Desde esta tribuna no hay oposición a cualquier ayuda al sector exportador, pero, si se está impulsando una nueva Ley de Reforma Agraria hay que enfocarse en el apoyo a los productores agrícolas. No es posible que los alimentos que consumimos sean producidos por agricultores con limitadas tecnologías y gran sacrificio. Una excelente referencia es la producción de la papa nativa, de la cual no es complicado mencionar las condiciones climáticas agresivas de los lugares donde se produce, inclusive, con instrumentos de labranza de hace varias décadas, como la “chaquitaclla”, conocida como tirapié o arado de pie.
Este abandono no está advertido en esta ley y tampoco se abordan las brechas tecnológicas en los campos agrícolas peruanos. Por ejemplo, en la producción láctea el promedio nacional apenas supera los 7 litros diarios por vaca. Sin embargo, mientras en la sierra estamos en 4.4 litros, en los establos de Santa Rita o Lurín el promedio es de 30 a 40 litros. O en el cultivo de la papa, a pesar de que somos cuna de este tubérculo y uno de más altos productores en América latina, con rendimientos de promedio nacional entre 16 y 18 toneladas por hectárea, pero en muchas zonas del país con acceso a tecnología ya se superan las 100 toneladas. Dirán que son condiciones diferentes de suelo y clima, pero, por lo menos, la tecnología de manejo debe “chorrear” a los campos deprimidos. La pregunta de siempre ¿Y donde esta papá Estado? Ni hablar del trigo, con rendimientos entre 1 500 y 1 800 kilogramos por hectárea, mientras que los centros de investigación nacional llegan a superar los 6 mil kilogramos en zonas andinas.
Considero que en la ley se han “olvidado” de los productores agrícolas. No seamos mezquinos y démosle el lugar que se merecen. Y no solo alentemos el sector exportador, que tiene su merecimiento, pero no es el más importante.
