El 12 de abril, con patrullas militares apostadas en avenidas de Lima y toques de queda focales en el Callao, la Policía Nacional despachó a su máximo mando, el general Víctor Zanabria Angulo, rumbo a Bogotá para rubricar acuerdos antidrogas. El país registraba ya 562 homicidios en apenas un trimestre—un promedio de seis asesinatos al día—. Mientas los transportistas limeños se preparaban para paralizar la ciudad en protesta por la escalada de asaltos mortales.
Ese mismo día, la bitácora migratoria reveló que en el mismo vuelo de Zanabria viajaba también la suboficial de segunda Miluska Araceli Vargas Zapata, pareja sentimental del jefe policial. No constaba en la delegación oficial ni figuraba misión alguna que justificara su presencia, pero sus pasaportes quedaron registrados con idénticos sellos de salida y retorno. Tal como ocurrió en enero, cuando ambos coincidieron en República Dominicana. La repetición del patrón y la opacidad con que se manejan estos asuntos en la Policía, advierten indicios de favoritismo, nepotismo y malversación, en el momento más crítico de seguridad ciudadana de la última década.
Así no le ganamos al crimen
La coincidencia de itinerarios entre Zanabria y su pareja ocurre en tanto cada cuatro horas muere un peruano de forma violenta, según el Sistema Nacional de Defunciones. Solo entre enero y mediados de marzo se contaron 368 asesinatos. Una cifra que supera con holgura periodos previos y sitúa a Lima y Callao como epicentro: 72 % de los crímenes se cometen allí y siete de cada diez víctimas caen a balazos. La respuesta del Ejecutivo fue decretar estado de emergencia el 18 de marzo y desplegar a 13 mil policías y militares en las calles. Pero el paro de transportistas del 10 de abril—motivado por la ejecución de choferes—demostró que la estrategia no disuade a las mafias.
Frente a ese contexto, la asignación de Vargas Zapata a la unidad ejecutora de Dirandro—un despacho administrativo que maneja logística y viáticos—resulta doblemente polémica. La normativa interna establece que un suboficial de segunda debe cumplir labores operativas, no de escritorio. El movimiento se tramitó “por necesidades del servicio”, sin concurso ni memorando de méritos. Fuentes del área de Economía de la Policía confirmaron que los boletos de ambos a Colombia se cargaron a la partida de “cooperación internacional”. Un rubro exclusivo para delegaciones oficiales. Pero la resolución de comisión menciona únicamente al general y a su edecán.
Señales de corrupción
El abogado y exsuboficial José Antonio Palacios pidió, vía Ley de Transparencia, las resoluciones que avalan los viajes y el traslado laboral de Vargas. Sin embargo, la PNP prorrogó la entrega alegando “información clasificada”. Para Palacios, la negativa vulnera la ley y refuerza la hipótesis de que los viáticos cubrieron pasajes personales. “Si no hay comisión aprobada, hay malversación y falsedad ideológica”, advierte.
La familia Zanabria ya arrastraba cuestionamientos: en 2024, el hijo del comandante, Jesús Zanabria Valverde, fue contratado sin concurso por el Ministerio del Interior. El contrato se rescindió tras denuncias de nepotismo, pero hoy esas sombras resurgen. Oficiales consultados señalan que cada boleto al exterior incluye viáticos diarios equivalentes al 70 % del sueldo de un suboficial, por lo que dos salidas en un trimestre suponen un sobresueldo encubierto superior a S/ 10 mil.
Silencio en todas partes
El Ministerio del Interior no ha emitido un solo comunicado. El ministro Walter Ortiz tampoco respondió al pliego de la Comisión de Defensa del Congreso, que evalúa citarlo junto a Zanabria para explicar qué hacía la suboficial en Bogotá mientras Lima batía récords de asesinatos. Organizaciones civiles como Proética han denunciado el caso ante la Fiscalía por presunta colusión y enriquecimiento ilícito. Y han solicitado levantar el secreto bancario de los implicados y auditar la partida de cooperación internacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera rastrea ahora transferencias entre las cuentas del general y de Vargas. Un reporte preliminar habla de depósitos fraccionados que suman S/ 96 mil en ocho meses, montos que—según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS (SBS)—“no guardan relación con los ingresos declarados”.
El crimen campea
En las calles, la desconfianza crece. Comerciantes del distrito de San Juan de Lurigancho, relatan que pagan hasta S/ 300 semanales en “cupos de vida” a extorsionadores. “Si la Policía está ocupada viajando con sus parejas, ¿quién nos protege?”, cuestiona Marta C., dueña de una bodega que ha cambiado de fachada tres veces tras recibir balas como advertencia.
La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar por peculado; la Contraloría prepara una auditoría de viáticos y la Defensoría del Pueblo exige publicar las órdenes de comisión. Pero mientras los expedientes se abren paso entre oficinas, los asesinatos continúan: 74 personas fueron ejecutadas solo en los primeros 13 días de enero, ritmo que no ha cesado.
La contradicción es evidente: el máximo jefe de la Policía abandona un país en emergencia, viaja con recursos públicos y se lleva a su pareja sin sustento documental. Todo justo cuando la ciudadanía clama por un patrullero en la esquina y que se capturen a los criminales. Si las autoridades no transparentan el uso de fondos y la designación de personal, advierten analistas, la institución que debe liderar la “guerra contra el crimen” seguirá perdiendo batallas antes de librarlas.
