La venta de la filial peruana de Telefónica a Integra Tec International por apenas S/3,7 millones ha encendido las alarmas entre trabajadores, sindicatos y sectores sociales. La operación, que también transfiere una millonaria deuda tributaria de más de S/3.200 millones, ha sido calificada como riesgosa y poco transparente por los representantes laborales. La Coordinadora Sindical de Telefónicos propone que el Estado revise a fondo esta operación, frene el traspaso y asuma el control de la empresa. Esto considerando que está en juego la soberanía sobre servicios estratégicos y que Telefónica sigue operando con un contrato de concesión vigente hasta 2027.
Desde el sindicato, Walter Díaz de la Vega advierte que la nueva empresa adquiriente no tiene experiencia en telecomunicaciones y que el traspaso podría afectar a miles de usuarios y trabajadores. “Telefónica le debe al país más de tres mil millones en impuestos, además de compromisos con las AFP, jubilados y trabajadores. La única salida responsable es la nacionalización”, señaló. La Coordinadora considera que, sin una auditoría completa de activos y pasivos, cualquier venta debería ser invalidada por el Estado.
El caso ha generado preocupación más allá del ámbito sindical. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también se pronunció. Exigen garantías para los derechos laborales, la estabilidad del personal y el respeto a los convenios colectivos. Criticaron al Ejecutivo por mantenerse al margen y calificaron de inaceptable que se trate este proceso como “un simple acuerdo entre privados” cuando involucra un bien público estratégico. Exigen que el Ministerio de Trabajo y el de Transportes y Comunicaciones fiscalicen la transición empresarial.
Según Díaz de la Vega, la empresa tiene dos tipos de deudas. Una con extrabajadores, por beneficios del extinto Fondo Especial de Asistencia Médica (FEAM). Y otra con empleados activos, a quienes no se les reconoce adecuadamente su vínculo laboral. Además, denuncia la desnaturalización de contratos y pagos sociales pendientes. “No se trata solo de dinero, es un tema de mala gestión empresarial”, apuntó.
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Uno de los problemas señalados es el desmantelamiento progresivo de áreas técnicas y comerciales, núcleo de toda empresa de telecomunicaciones. En 2020, Telefónica creó tres empresas para luego contratarlas como proveedoras de servicios, una estrategia que, según OjoPúblico, aumentó los gastos operativos. Díaz acusa que estas acciones fueron parte de un plan para debilitar la empresa, volverla inviable y justificar su venta o liquidación posterior, dejando en el camino a trabajadores y acreedores.
La venta, sostiene el dirigente, incluso podría beneficiar a los actuales gestores, que terminarían como acreedores en una futura junta. “Ahora la empresa aparece como deudora y el fondo argentino como acreedor. Eso es inaceptable. Se necesita una intervención estatal urgente”, enfatizó.
En paralelo, se ha convocado a la Asamblea General de Obligacionistas de Bonos de Telefónica del Perú, donde se discutirá el vencimiento del Acuerdo de No Hostilidad y se solicitará información sobre la venta. La reunión está programada en dos fechas: el 25 de abril y el 2 de mayo, ambas en la sede del BANBIF en San Isidro. Se espera que allí se tomen decisiones clave sobre la nueva etapa de la empresa. Mientras, crece la presión social y política por detener una operación cuestionada desde varios frentes.
