La censura parlamentaria o las investigaciones fiscales no son motivo suficiente para alejarse del poder en el actual Gobierno. Bajo la gestión de Dina Boluarte, varios exministros señalados por ineficiencia o corrupción han vuelto a ocupar cargos públicos dentro del Ejecutivo. La reciente reaparición de Juan José Santiváñez, ahora como asesor presidencial, se suma a los casos de Julio Demartini y Leslie Urteaga, quienes fueron reubicados tras polémicas salidas de sus ministerios. La presidenta parece confiar más en sus cuadros cuestionados que en nuevas figuras.
El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue censurado por el Congreso en marzo debido a su incapacidad para contener la violencia criminal. Las cifras lo condenaban: más de 490 homicidios en apenas 80 días de gestión. Aun así, tras su salida, la presidenta lo despidió con un fuerte abrazo. Poco después, el 17 de abril, se oficializó su nuevo cargo en Palacio: jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, desde donde ahora coordina la agenda presidencial, con un salario de S/ 17.568 mensuales. En el entorno de Boluarte, su retorno se interpreta también como una maniobra de protección: mantenerlo cerca, con ingresos y respaldo político, evitaría que colabore con la Fiscalía en posibles investigaciones sensibles para el Gobierno.
Algo similar ocurrió con Julio Demartini, exministro del Midis. Durante su gestión estalló el escándalo por la distribución de alimentos en mal estado del programa Qali Warma. La denuncia de una extrabajadora reveló pagos de coimas para aceptar productos en condiciones insalubres. A ello se sumó la sospechosa muerte de un funcionario vinculado al caso y la aparición de un audio donde se insinuaban posibles amenazas. Demartini renunció el 31 de enero, pero en cuestión de semanas reapareció como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Incluso se barajó su nombramiento como embajador ante el Vaticano, lo que le habría otorgado inmunidad diplomática.
La puerta giratoria en el Ejecutivo también favoreció a Leslie Urteaga, exministra de Cultura y hoy nuevamente ministra del Midis. Aunque su gestión anterior está bajo investigación por presuntas compras irregulares de hitos arqueológicos, con un perjuicio al Estado de más de S/ 27 mil, la repusieron sin mayores objeciones. Su nuevo reto, el programa Wasi Mikuna, ha empezado con mal pie: al menos 50 escolares resultaron intoxicados en Piura tras consumir los alimentos distribuidos. La situación ya motivó una interpelación en el Congreso.
Para el politólogo Víctor Ueda, esta reincorporación de ministros cuestionados no es solo una estrategia de blindaje, sino también una muestra de debilidad estructural del Gobierno. “La presidenta tiende a depender de ciertos actores clave que le facilitan la gestión política y la relación con otros poderes. Por eso los mantiene cerca, delegándoles funciones a través de cargos de confianza”, explicó. En este contexto, los ministros censurados se convierten en operadores políticos, más que en gestores técnicos.
El problema va más allá de la reincorporación de nombres específicos. La estrategia de Boluarte refleja un patrón que reduce la posibilidad de renovación en el Ejecutivo. Lejos de apostar por nuevos cuadros o de responder a las críticas con reformas estructurales, la presidenta insiste en rodearse de personas cuya principal virtud parece ser la lealtad, no la idoneidad. El riesgo es evidente: perpetuar un estilo de gestión que normaliza la impunidad y debilita aún más la credibilidad institucional.
