Sin consulta previa, sin aviso formal y sin un solo documento enviado a las autoridades locales, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció la construcción de un penal de máxima seguridad en la provincia de Caylloma. Lo hizo el 11 de abril, durante su discurso por el aniversario del Gobierno Regional, y el mismo día remitió la propuesta a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia. Sin embargo, ni el alcalde provincial ni la comunidad ni la empresa minera Bateas —ubicada cerca del terreno elegido— sabían de esta decisión. La sorpresa fue total. Tres días después, una comisión técnica del gobierno regional llegó sin aviso a inspeccionar el terreno, lo que desató el rechazo inmediato de los pobladores. El proyecto, que se pretende ejecutar por obras por impuestos, nace así entre sombras, sin diálogo ni transparencia.
Anunció anticipado
La mañana del 11 de abril, durante la ceremonia por el 36° aniversario del Gobierno Regional de Arequipa, el gobernador Rohel Sánchez sorprendió con un anuncio inesperado: la construcción de un penal de máxima seguridad en Caylloma. Dijo que la obra se ejecutaría bajo la modalidad de obras por impuestos y tendría un enfoque de reinserción para los internos. Lo presentó como una solución para la sobrepoblación penitenciaria. No mencionó que ni su alcalde, ni los pobladores sabían algo al respecto.
Ese mismo día, Sánchez remitió el proyecto a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Eduardo Arana. Pocas horas después, el Ministerio de Justicia respondió con la publicación del Decreto Supremo N.° 006-2025-JUS, respaldando la iniciativa. Para el gobierno regional, el proceso parecía avanzar sin obstáculos. Pero en Caylloma la historia era distinta: la propuesta llegó como un rumor, no como una consulta.
Voces en contra
El alcalde provincial, Alfonso Mamani Quispe, no ocultó su incomodidad. En declaraciones públicas, afirmó no haber recibido documentación oficial ni haber sido convocado a ningún proceso de evaluación o diálogo. “Podríamos pronunciarnos si es que hubiere algún documento oficial”, dijo. Su respuesta fue prudente, pero firme. No validará un proyecto del que no ha sido parte.
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Tres días después, una comisión técnica del Gobierno Regional llegó al distrito de Caylloma. Encabezada, según versiones no confirmadas oficialmente, por el secretario técnico del Coresec, José Miguel Briones, la delegación inspeccionó un terreno estatal en la localidad de Lama Mayo. La visita fue sorpresiva y, para muchos, provocadora. No hubo comunicación previa ni coordinación con las autoridades locales.
La reacción ciudadana no tardó. Un grupo de pobladores confrontó a los funcionarios y los retuvo durante varias horas. Les exigieron firmar un compromiso escrito de que no se ejecutará ningún proyecto sin antes realizar una consulta pública. La tensión creció cuando algunos lugareños reconocieron el terreno: está cerca de zonas turísticas y agrícolas, y se teme que un penal altere la dinámica del lugar.
La zona elegida para el penal se ubica a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, en una franja de 89 hectáreas cercana a operaciones mineras. Según Rohel Sánchez, el penal tendría talleres productivos para los internos. Pero la idea de capacitar a reclusos en “industria artesanal” no convenció a los habitantes de Caylloma, que aún no entienden cómo un penal encaja en su economía local.
Bateas no apoyará
A esta incertidumbre se sumó la postura de Minera Bateas, que opera en la misma zona donde se plantea levantar el penal. En un comunicado oficial, la empresa aclaró que no ha participado en ninguna etapa del proyecto. Se enteraron por los medios. “Consideramos que iniciativas de este tipo deben ser discutidas con los actores locales”, señalaron, marcando distancia del anuncio del gobernador.
La empresa también recordó su compromiso con el desarrollo coordinado del distrito de Caylloma, en diálogo con autoridades y comunidades. Su mensaje fue diplomático, pero contundente: el proyecto del penal no puede imponerse sin una conversación amplia. La posición de Bateas refuerza el sentimiento de exclusión que se respira en la provincia.
El alcalde Mamani también dejó entrever su preocupación por el impacto que un centro penitenciario tendría en el turismo. La provincia de Caylloma alberga el Cañón del Colca, uno de los principales atractivos del sur del Perú. Aunque evitó declaraciones directas, su silencio sobre los posibles efectos negativos revela una tensión entre desarrollo y protección del territorio.
Hasta ahora, la autoridad regional ha explicado por qué no se informó a Caylloma sobre el proyecto. No hay evidencia de reuniones previas ni actas de consulta. El proceso, que involucra al menos tres niveles de gobierno y un actor privado, avanza con una sola voz: la del gobernador Sánchez. La ausencia de diálogo alimenta el malestar.
El anuncio de una obra de tal magnitud sin transparencia revive viejas críticas al modelo de obras por impuestos. Si bien esta modalidad busca agilizar inversiones, su aplicación sin consulta puede generar conflictos sociales. En este caso, los actores locales han sido ignorados desde el inicio. Y eso podría convertir una obra “de seguridad” en un nuevo foco de conflicto.
En Caylloma, el rechazo al penal no es solo territorial, sino simbólico. Las comunidades se sienten excluidas. La empresa se deslinda. El alcalde exige información. Y el gobernador guarda silencio. Así avanza, por ahora, un penal que aún no tiene terreno firme, pero sí muchas grietas en su legitimidad.
