La presidenta Dina Boluarte reincorporó al exministro del Interior Juan José Santiváñez como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. El nombramiento se oficializó el jueves a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. Santiváñez vuelve al Gobierno apenas un mes después de que el Congreso lo censuró. Este lo responsabilizó por el aumento de la criminalidad durante su breve gestión. Su retorno confirma una estrategia del Ejecutivo para favorecer con cargos públicos a exministros investigados, bajo el argumento de generar arraigo laboral en procesos penales abiertos.
La designación de Santiváñez no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca los movimientos del Ejecutivo. El primer ministro Gustavo Adrianzén ya había insinuado el regreso del exministro en una entrevista con RPP. En ese momento afirmó que “probablemente el señor vaya a ser reclutado” como parte del gabinete técnico de Boluarte. La especulación se confirmó con la resolución 000024-2025-DP/SGDP, firmada por el secretario general del despacho presidencial, Ernesto Vílchez.
Santiváñez vuelve al Gobierno en medio de una crisis de seguridad que provocó marchas multitudinarias tras el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10. Su salida del Ministerio del Interior fue una respuesta directa a la presión ciudadana y al descontento con el manejo del orden interno. A pesar de ello, Boluarte lo reincorpora en una posición desde la cual coordinará con entidades estatales, gestionará la agenda presidencial y brindará asesoría directa a las unidades del Despacho Presidencial.
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Protección a funcionarios
El retorno de Santiváñez coincide con una serie de designaciones que benefician a exfuncionarios investigados por la justicia. El Gobierno busca con estos nombramientos que los exministros consigan arraigo laboral, un elemento clave para evitar medidas restrictivas en sus procesos judiciales. Santiváñez afronta investigaciones por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Aun así, Boluarte lo protege políticamente y lo posiciona cerca del núcleo de decisiones en Palacio.
El caso no es aislado. Julio Demartini, también exministro e investigado por corrupción en el programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma), fue nombrado asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ambos casos demuestran cómo el Ejecutivo reutiliza a sus exministros con el objetivo de blindarlos ante la justicia.
Boluarte insiste en rodearse de figuras con cuestionamientos graves, debilitando los principios de transparencia y responsabilidad que debería sostener cualquier gestión pública. La reincorporación de Santiváñez refleja una lógica de impunidad que socava la confianza ciudadana y expone el uso instrumental del aparato estatal para fines personales y políticos.
