California le declaró la guerra legal a la política comercial de Donald Trump. El gobernador Gavin Newsom presentó una demanda contra el gobierno federal ante la Corte de Distrito del norte de California. Acusa a la Casa Blanca de violar la Constitución al imponer aranceles sin el aval del Congreso. La medida, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ha desatado una guerra comercial que ya golpea sectores clave de la economía estatal. Mientras Trump eleva las barreras comerciales, California responde en los tribunales, en el campo diplomático y con una narrativa que se desmarca del proteccionismo federal. “No somos Washington D.C.”, dijo Newsom, marcando el tono de una confrontación que trasciende lo económico.
La demanda presentada por Newsom sostiene que el expresidente Trump abusó de sus atribuciones al aplicar gravámenes del 10% a todas las importaciones. Además de establecer restricciones sin consulta previa al Congreso. El gobierno de California considera que esta maniobra excede las facultades presidenciales y sienta un peligroso precedente sobre el uso del poder ejecutivo en política económica internacional. Con esta acción legal, se busca delimitar los alcances del IEEPA y reafirmar que decisiones de esta magnitud deben pasar por el Legislativo.
Pero más allá del debate jurídico, el impacto económico de los aranceles ya se siente en el estado. En el Valle Central, agricultores ven cómo el precio de los fertilizantes importados se dispara mientras pierden acceso a mercados clave como China. Almendras, pistachos y otros productos agrícolas enfrentan barreras que afectan la rentabilidad de cultivos enteros. En Silicon Valley, gigantes como Nvidia reportan pérdidas millonarias por las restricciones a la exportación de tecnología, afectando cadenas de valor y empleos en startups y pequeñas empresas.
El fiscal general Rob Bonta ha calificado los aranceles como inconstitucionales y arbitrarios. “No se puede gobernar por decreto comercial”, advirtió, apuntando directamente al estilo autoritario de Trump. La administración estatal ya anticipa nuevos enfrentamientos legales y ha solicitado la creación de un fondo especial para cubrir futuros litigios contra el gobierno federal. La batalla va más allá de los tribunales: es una disputa por el modelo económico y político que debería regir al país.
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En respuesta a los bloqueos desde Washington, Newsom ha fortalecido alianzas con gobiernos extranjeros y regiones vecinas. Ha recibido a embajadores europeos y estrechado lazos con Columbia Británica, apostando por una política de apertura y colaboración global. El mensaje es claro: si el gobierno federal mira hacia adentro, California mira hacia adelante.
En este pulso entre la Casa Blanca y la costa oeste, lo que está en juego no es solo el comercio, sino el rol que California quiere jugar en el mundo. Una economía abierta, integrada y progresista frente a una política proteccionista y unilateral. El choque no es nuevo, pero esta vez, Newsom busca que el límite lo ponga la justicia.
