Mientras Donald Trump y sectores conservadores presionan por políticas migratorias más duras, un grupo de inmigrantes podría revertir su orden de deportación gracias a una herramienta legal poco conocida: el formulario I-881. Este recurso, avalado por la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (NACARA), permite frenar procesos de expulsión si los solicitantes cumplen requisitos específicos. Aunque no todos califican, quienes reúnen las condiciones pueden activar esta vía legal. De esa forma evitar ser deportados, siempre que presenten su solicitud correctamente y dentro del plazo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) gestiona el formulario I-881 como una defensa formal ante procesos de deportación. Esta herramienta legal beneficia a personas que provienen de países con contextos de conflicto y persecución en décadas pasadas. Los principales beneficiarios incluyen a ciudadanos de Guatemala y El Salvador, además de inmigrantes provenientes de Europa del Este y la antigua Unión Soviética.
En el caso de Guatemala, califican quienes ingresaron a EE.UU. antes del 1 de octubre de 1990 y se registraron ante el antiguo Servicio de Inmigración o con Iglesias Bautistas Americanas. También pueden postular los guatemaltecos que solicitaron asilo (formulario I-589) antes del 31 de diciembre de 1991. Por su parte, los salvadoreños deben haber llegado antes del 19 de septiembre de 1990. Además haber solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de octubre de 1991.
USCIS también acepta solicitudes de personas originarias de países como Rusia, Rumania, Albania, Letonia y Yugoslavia. Esto siempre que hayan ingresado antes de 1999 y solicitado asilo formalmente. No basta con tener la nacionalidad: el proceso exige evidencias documentadas que demuestren el cumplimiento de los criterios. En este contexto, los abogados de inmigración juegan un papel clave para validar la elegibilidad y preparar la solicitud sin errores.
El 24 de abril de 2025, USCIS empezará a aceptar exclusivamente la versión actualizada del formulario I-881, fechada 01/20/25. Las versiones anteriores serán rechazadas automáticamente, incluso si incluyen toda la documentación requerida. Las autoridades migratorias subrayan que el trámite debe hacerse en papel: no aceptan formularios digitales bajo ninguna circunstancia.
El proceso tiene un costo de 340 dólares, monto no reembolsable que debe incluirse junto con el formulario completo. USCIS recomienda no presentar solicitudes incompletas ni versiones desactualizadas, ya que se desecharán sin revisión. Preparar correctamente este trámite no solo representa una oportunidad de quedarse en el país legalmente, sino que puede marcar la diferencia entre la estabilidad familiar y una deportación inmediata.
