En un giro político y judicial que ha provocado indignación y sorpresa en la opinión pública, la ex primera dama Nadine Heredia logró abandonar el país durante la madrugada rumbo a Brasil. País donde recibió asilo político por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva. Heredia fue escoltada por personal diplomático y abordó una aeronave de las Fuerzas Armadas de Brasil tras obtener un salvoconducto. La salida, en menos de 24 horas desde la sentencia reaviva las críticas sobre privilegios e impunidad.

La madrugada de este lunes, alrededor de la 1:50 am, Heredia abandonó la embajada de Brasil junto a su hijo menor. Fue trasladada a instalaciones militares donde la esperaba un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, enviado expresamente por el gobierno de Lula Da Silva. Este ofreció el asilo en su calidad de líder del Partido de los Trabajadores, organización política cercana a Heredia y Humala.

El ingreso a Brasil se realizó en completo hermetismo, y hasta el momento, el paradero final de la ex primera dama no se ha revelado. El asilo fue gestionado en tiempo récord tras conocerse la sentencia del Tercer Juzgado Penal Colegiado. Este encontró a Heredia y Humala culpables de lavado de activos agravado y pertenencia a una organización criminal. El fallo ordenó prisión efectiva e inmediata para ambos por 15 años.

A diferencia de su esposa, Ollanta Humala sí fue detenido por las autoridades peruanas e ingresado al penal de Barbadillo. La orden judicial también incluyó a otros implicados, entre ellos el hermano de Nadine, Ilan Heredia, condenado a 12 años, y Mario Julio Torres Aliaga, ex tesorero del Partido Nacionalista, sentenciado a 8 años. Ambos están actualmente no habidos.

Asimismo, otros personajes vinculados al caso fueron sentenciados con penas suspendidas. Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Eladio Mego Guevara, quienes recibieron cinco años de prisión suspendida por su rol como cómplices. En contraste, el excongresista Santiago Gastañadui y otros tres acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

El asilo otorgado a Heredia no solo genera tensiones en el ámbito político y diplomático, sino que también abre interrogantes sobre los mecanismos de justicia y protección internacional de figuras políticas condenadas por corrupción. Desde el Congreso ya se anuncian pedidos de interpelación al canciller Javier González Olaechea y críticas por lo que consideran una “claudicación del Estado” ante la presión de un país extranjero.