En el distrito de La Joya, veintitrés pueblos jóvenes esperan desde hace siete años el funcionamiento completo de un sistema de agua potable y desagüe que fue construido pero nunca entregado formalmente. El proyecto data de la gestión de Yamila Osorio. Aunque la obra ya está concluida, el servicio no funciona con regularidad. En algunos sectores, apenas llega agua durante media hora al día, lo que ha generado constantes reclamos de la población.
El conflicto tiene su origen en la falta de transferencia de la obra hacia la empresa responsable del servicio: Sedapar. Esta empresa no puede asumir la operación de la obra mientras no se cumplan ciertos requisitos técnicos y administrativos. Uno de ellos es que el proyecto cuente con una liquidación técnico-financiera completa. Es decir, un informe que certifique que la obra fue ejecutada correctamente y que sus cuentas están cerradas. Otro requisito es que los terrenos donde se construyó la infraestructura estén saneados, es decir, que cuenten con títulos de propiedad formalmente inscritos a nombre del Gobierno Regional de Arequipa(GRA).
El gobierno regional ha asumido la administración temporal del sistema, a través de personal contratado que trabaja directamente en la planta de tratamiento. Sin embargo, ni siquiera esta gestión temporal funciona de forma adecuada. Durante enero y febrero de este año la carencia de personal técnico y directivo ha interrumpido la dotación de agua potable para los 23 pueblos y como contingencia se les empezó a entregar el agua en cisternas hasta hace poco.
El problema se agrava
En 2022 la población realizó bloqueos presionando para que la obra pase a administración de la Municipalidad Distrital de La Joya. En ese entonces se explicó que por norma Sedapar debe ser quien administre el servicio. De acuerdo a fuentes de Revelación.pe, se entregó documentación y ayudas memoria sobre el problema y sus avances al exgerente Leonidas Zavala, al inicio de la gestión de Rohel Sánchez.
Han pasado más de dos años y el conflicto sigue sin resolverse. El 31 de marzo de 2025, dirigentes de los pueblos jóvenes, agrupados en la Federación de Organizaciones Sociales de La Joya (FOSDELJ), junto con el alcalde distrital Cristhian Cuadros, se reunieron con funcionarios del GRA en su sede institucional. Durante la reunión, exigieron que se agilice la liquidación de la obra, ya que esta es la condición indispensable para transferirla legalmente. Según los funcionarios regionales, el proceso de liquidación no se había iniciado porque el proyecto estaba en arbitraje con la empresa contratista. Sin embargo, ese proceso culminó en marzo, por lo que ya no habría impedimentos para avanzar.
El GRA pidió un plazo de 8 días para iniciar un diagnóstico. De acuerdo a lo informado por medios del distrito, los funcionarios de la región aseguraron que por los constantes cambios de personal no tenían idea del estatus real del proyecto. Esta respuesta no le gustó a los dirigentes y emitieron un memorial solicitando la presencia de Rohel Sánchez. Esto para que dé la cara y responda por los retrasos a la población. La cita era para el 10 de abril a las 10 de la mañana. De más está decir que el gobernador no asistió.
En cambio, un día antes intentó dilatar el asunto y desde el GRA se emitió un comunicado citando a los dirigentes a una reunión para este miércoles 16 en la sede de la región. La ausencia de Sánchez y el comunicado fueron interpretados como una falta de respeto. Y la respuesta de los pobladores fue inmediata: bloquearon durante varias horas del jueves el kilómetro 48 de la carretera Panamericana.
El ultimátum
Al finalizar la protesta, los pobladores que acudieron a la marcha decidieron insistir con citar al gobernador La Joya y ahora lo esperarán en el Kilómetro 48 de la Panamericana Sur. «Ningún dirigente está autorizado a viajar a Arequipa a reunirse con el gobernador, por acuerdo de asamblea», manifestó a un medio local Juvenal Quispe, presidente de la FOSDELJ. La cita será el miércoles 16 de abril a las 10 de la mañana. Los dirigentes están preparando un nuevo memorial para comunicar su descontento y la nueva cita al gobernador.
Con esta medida los dirigentes han dejado en claro que todas las negociaciones que se hagan deben ser en territorio joyino. Si el gobernador no asiste, advierten que evaluarán la convocatoria de medidas de fuerza más radicales.
Una propuesta alternativa
La población de los 23 pueblos involucrados teme que el proceso de transferencia del Proyecto Integral de Agua y Desagüe tarde demasiado. «En el caso de la transferencia del Centro de Salud El Cruce hacia la Gerencia Regional de Salud demoró dos años. Nosotros necesitamos soluciones urgentes en el corto plazo», sostuvo Juvenal Quispe.
Por ello, la propuesta que manejan desde los pueblos es hacer una transferencia temporal en favor de la Municipalidad Distrital de La Joya. Y que sea esta entidad la que lidere el cambio de administración hacia SEDAPAR con más calma. Este aspecto aún está en discusión, y es poco probable que se dé, porque la normativa indica que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de la región es la única encargada de administrar la distribución de agua potable.
Frente a esta presión, el gobierno regional ha iniciado gestiones para contratar a una consultora externa. Esta contratista o profesional se encargará de evaluar los aspectos técnicos y legales del sistema de agua potable, y de proponer un cronograma para la transferencia a Sedapar.
Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y los vecinos de La Joya continúan viviendo con un servicio básico deficiente, a pesar de contar con una planta operativa. La paciencia se agota y la población espera que, esta vez, el gobernador escuche su reclamo y se presente el próximo miércoles en el Kilómetro 48 de la Panamericana Sur.
Se quedaron sin agua
El miércoles 9 de abril, los trabajadores de la planta paralizaron sus actividades como protesta por una deuda salarial que arrastraban desde hace cinco meses. Esta suspensión dejó sin servicio a varios sectores durante el jueves y viernes. El gobierno regional había anunciado que contaba con presupuesto suficiente para la operatividad de la planta. Pero no supo explicar por qué no se había hecho efectivo el pago de los sueldos de estos trabajadores.
Tras una reunión con los trabajadores, se llegó a un acuerdo: el primer pago se realizará en dos semanas, y el resto será abonado cada 20 días hasta completar la deuda. Con ese compromiso, los trabajadores reanudaron sus labores y se restableció parcialmente el servicio. En algunos sectores de San Camilo el agua recién llegará el sábado al mediodía.
