El Congreso aprobó este 10 de abril, en segunda votación, cambios clave a la ley de extinción de dominio, pese a las advertencias de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. Con solo 42 votos a favor, los parlamentarios modificaron el Decreto Legislativo 1373, debilitando una herramienta esencial contra la corrupción y el crimen organizado. Según el Ministerio Público, esta norma obligaría a archivar casos emblemáticos y favorecería a políticos actualmente investigados. Tales como Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Uno de los cambios más controversiales es que los investigados ya no tendrán que demostrar la legalidad de sus bienes. La nueva redacción exige una sentencia penal firme para iniciar el proceso de extinción de dominio, lo que en la práctica impide actuar preventivamente. Esto permite que los involucrados transfieran, oculten o eliminen pruebas antes de ser condenados. Lo que limita severamente la capacidad del Estado para recuperar activos ilícitos.
Actualmente, la ley exige que quien posee un bien en cuestión debe justificar su procedencia lícita. Sin embargo, con la reforma, esa responsabilidad desaparece. Para la Fiscalía, este cambio socava todo el proceso de recuperación de bienes vinculados al delito, promoviendo un clima de impunidad. Además, pone en riesgo la economía nacional al desalentar la inversión y debilitar el sistema de justicia.
El Poder Judicial también se pronunció en contra. A través de un comunicado oficial, advirtió que las reformas “carecen de rigor técnico”. Además debilitan los mecanismos de lucha contra delitos graves como el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción. Según la institución, estas modificaciones benefician directamente a quienes buscan evadir la justicia a través de vacíos legales.
La nueva ley también excluye delitos clave del alcance de la extinción de dominio, como la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado. Esto dejaría fuera del proceso a políticos y empresarios bajo investigación. Además, impone un plazo de prescripción de solo cinco años, lo que permitiría a los implicados ocultar sus bienes y esperar que los procesos pierdan vigencia.
El Congreso ordenó notificar a los investigados desde el inicio de la indagación patrimonial, aunque esta aún esté en etapa reservada. Presentan la medida como una garantía para el ejercicio del derecho a la defensa, pero los expertos advierten que esta acción obstaculiza el trabajo fiscal y facilita que los implicados trasladen o escondan sus bienes antes de que las autoridades los incauten. En lugar de reforzar la justicia, esta ley, según las críticas, protege la impunidad.
