El Congreso de la República aprobó una norma que marca un antes y un después en las funciones del Serenazgo Municipal. A partir de ahora, los serenos podrán portar pistolas eléctricas como parte de sus herramientas de intervención. Pero lo que ha generado mayor controversia es que también estarán exentos de responsabilidad penal si, durante el uso de estas armas, provocan lesiones o incluso la muerte de una persona. La ley fue respaldada por 88 votos a favor, mientras que solo seis congresistas se opusieron. Sin segunda votación de por medio, el dictamen quedó listo para aviarse al Ejecutivo.
La norma incluye disposiciones complementarias que buscan establecer ciertos controles. Por ejemplo, exige que todo sereno que porte una pistola eléctrica haya pasado previamente por un programa de capacitación. Esta formación incluirá entrenamientos en campo, simuladores y prácticas en polígonos de tiro. No obstante, no se especifican estándares mínimos de calidad ni el tiempo requerido para completar dicha capacitación. Para muchos, esto abre la puerta a una implementación desigual entre municipios, especialmente en aquellos con menos recursos o supervisión.
Otra disposición establece que el Ministerio del Interior deberá evaluar si el uso de cámaras corporales será obligatorio al momento de portar armas de electrochoque. Esta posible exigencia busca registrar en tiempo real las intervenciones y servir como prueba ante eventuales denuncias por abuso de autoridad. Aunque el objetivo es aumentar la transparencia, la norma deja en manos del Ejecutivo la decisión final, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación efectiva en todo el país.
Uno de los puntos más polémicos es la exención de responsabilidad penal. La ley establece que los serenos no serán procesados por delitos contra la vida, el cuerpo o la salud si causan daño en el ejercicio de sus funciones. Esto siempre que actúen “de forma reglamentaria” y bajo la figura de la legítima defensa. Esto significa que incluso si una intervención termina en muerte, el sereno quedará protegido por esta norma, lo que ha encendido alarmas en organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad pública.
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Las reacciones en el Pleno no se hicieron esperar. Algunos parlamentarios, como Guido Bellido y Guillermo Bermejo, advirtieron que esta ley podría incentivar el uso excesivo de la fuerza. Recordaron los numerosos casos en los que se denunció a serenos por agredir a comerciantes ambulantes o actuaron fuera del marco legal. Otros, como Patricia Juárez, cuestionaron que se otorgue más poder a un personal que, en muchos casos, no cuenta con secundaria completa. Aunque la norma actualiza los requisitos para ser sereno, no exige estudios mínimos obligatorios, lo que, según algunos legisladores, representa un riesgo mayor.
A pesar de las advertencias, el dictamen se aprobó con rapidez. Para quienes lo respaldan, esta norma fortalece el rol del serenazgo frente a la creciente inseguridad ciudadana. Para otros, representa una peligrosa flexibilización del uso de la fuerza en manos de personal no policial. Ahora el balón está en la cancha del Ejecutivo, que deberá decidir si promulga esta controvertida ley o si la devuelve al Congreso para su revisión. Mientras tanto, el debate ya se instaló no solo en el Parlamento, sino también en la opinión pública.
