El blindaje político a Dina Boluarte dio un paso más. Esta vez, a través de un informe de la congresista fujimorista Nilza Chacón, Fuerza Popular propuso archivar la denuncia constitucional contra la mandataria por presunto cohecho. El documento fue entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y señala que no existe base legal para procesar a la jefa de Estado. Como si fuera poco, el informe también sugiere que el Congreso evalúe una denuncia contra la Fiscalía de la Nación. Y acusa a la entidad de haber cometido una infracción constitucional.
Nilza Chacón, encargada del informe por mandato de la SAC, es una militante activa de Fuerza Popular. Desde el inicio del escándalo por los relojes de lujo, defendió abiertamente a Boluarte y deslegitimó las acusaciones. El informe se basa en el artículo 117 de la Constitución. Este limita los motivos por los que un presidente en funciones puede ser acusado. Según ese artículo, solo puede ser procesado por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso. Para Chacón, el presunto cohecho no encaja en ninguna de estas causales.
El documento presentado el 10 de abril ante la presidenta de la SAC, María Acuña, concluye que formular una acusación sería «vulnerar el principio de legalidad». También advierte que el Congreso estaría ignorando una “prohibición expresa” de la Constitución si decide continuar con el proceso. Así, el argumento legal se convierte en el escudo perfecto para que Boluarte evada responsabilidad mientras continúe en el cargo. La interpretación del artículo 117, sin embargo, fue cuestionada por constitucionalistas que advierten sobre su uso político.
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El informe no se limita a proteger a Boluarte. Va más allá: arremete contra la Fiscalía de la Nación, a la que acusa de actuar con motivaciones políticas. Chacón sostiene que la denuncia presentada por el entonces fiscal interino Juan Carlos Villena fue «indebida» y no respondió a una lógica jurídica, sino a una intención de generar presión pública. Esta parte del informe propone que el Congreso considere denunciar a la Fiscalía por haber promovido un procedimiento constitucional que, según ella, está prohibido por la Carta Magna.
Para justificar esta contraofensiva institucional, Chacón invoca los artículos 99 y 100 de la Constitución. Estos artículos permiten al Congreso ejercer control político sobre altos funcionarios cuando se exceden en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, el informe plantea que la Fiscalía habría actuado fuera de sus límites al impulsar una denuncia que, en su interpretación, vulnera la legalidad constitucional. Así, el caso Rolex deja de ser solo un tema de relojes de lujo para convertirse en un enfrentamiento de poderes.
