La violencia criminal en el país ha escalado al punto de alterar el lenguaje de algunos representantes del Congreso. Durante una sesión del Pleno, el legislador Edwin Martínez Talavera, no agrupado, pidió abiertamente que “nuestros asesinos” maten a los extorsionadores. Sus declaraciones se dieron en el marco de un tenso debate sobre seguridad ciudadana, en pleno paro de transportistas. “Nos matan o los matamos, ya no hay que ser tibios”, dijo ante el asombro de algunos colegas.
Martínez justificó su discurso con la falta de acción del Estado frente a la ola de sicariato que azota a diversas regiones del país. Propuso declarar el Estado de Sitio y solicitó la deportación inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, a quienes asoció directamente con delitos como sicariato, violación y extorsión. Aunque no aclaró a quiénes se refería como “nuestros asesinos”, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una incitación a la violencia por fuera de la ley.
Las reacciones no se hicieron esperar. Parlamentarios y usuarios en redes sociales criticaron el tono del congresista, a quien acusaron de promover la justicia por mano propia. El país atraviesa una crisis de seguridad profunda, pero llamar a la ejecución de personas sin proceso judicial fue calificado por varios sectores como un grave retroceso democrático. Las declaraciones de Edwin Martínez se produjeron justo cuando el Congreso debatía proyectos de ley sobre el uso de armas por parte del serenazgo.
En ese mismo contexto, otro congresista, José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, también generó polémica. Sugirió a los transportistas colocar láminas antibalas en sus unidades como solución a los asesinatos cometidos por mafias. Cueto incluso recomendó que los policías viajen dentro de los buses vestidos de civil, en lugar de estar patrullando las calles. Estas propuestas, lejos de tranquilizar a la población, encendieron aún más el debate sobre el abandono estatal y la falta de políticas efectivas.
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El paro de transportistas convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) paralizó buena parte de Lima y Callao. La medida de 24 horas fue respaldada por más de 460 empresas y 12 gremios de transporte urbano. Los conductores exigieron garantías para trabajar, luego de que más de 15 choferes fueran asesinados desde septiembre de 2024 en hechos ligados a extorsión. Las calles lucieron vacías y miles de usuarios se quedaron sin movilidad.
Según Martín Valeriano, presidente de Anitra, la huelga busca visibilizar el abandono que sufre el sector por parte del gobierno. Aseguró que las autoridades no han implementado medidas reales para frenar la violencia criminal. El reclamo no solo apunta a la inacción, sino también al peligroso camino que están tomando algunos discursos desde el poder. Mientras los crímenes se multiplican, lo que se espera del Congreso son soluciones viables, no arengas incendiarias.
