El Congreso dio un paso más hacia el control de los altos funcionarios del Estado. La Comisión de Constitución aprobó una polémica propuesta legislativa que permitiría suspender a ministros, fiscales supremos, jueces del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia con solo 50 votos en el Pleno. Actualmente, se requieren al menos 67 votos para una sanción de este tipo.
El proyecto, impulsado por la congresista fujimorista Patricia Juárez, modifica el artículo 89 del reglamento del Congreso. Su objetivo: ampliar las suspensiones preventivas, hasta ahora aplicables solo a congresistas investigados por el Ministerio Público. De aprobarse en el Pleno, la medida permitiría suspender a cualquier alto funcionario mientras se resuelve su acusación constitucional.
La propuesta fue respaldada por 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. La alianza de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y el Bloque Magisterial hizo posible este avance. En conjunto, estas bancadas controlan buena parte de las decisiones del Parlamento y han mostrado interés en debilitar a entidades autónomas como la JNJ.
Durante el debate, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) defendió la propuesta: “No solo los parlamentarios pueden ser acusados. También pueden serlo los jueces, fiscales o miembros de la JNJ”, sostuvo. Pero desde la vereda opuesta, la congresista Ruth Luque advirtió que la norma podría aplicarse retroactivamente. “¿A quién quieren bajarse si no tienen los votos? Esto recuerda lo ocurrido con la JNJ”, expresó.
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El cambio en el reglamento inquieta a varias voces dentro y fuera del Congreso. Hoy, una inhabilitación requiere el voto de dos tercios del Pleno. La iniciativa reduciría ese umbral a solo 50 votos, lo que, según el congresista Alejandro Cavero, “abre la puerta a suspensiones indefinidas por presuntas infracciones constitucionales”. Asegura que se puede usar como un mecanismo de presión política disfrazado de legalidad.
El dictamen llega en un momento tenso. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, enfrenta denuncias impulsadas por sectores fujimoristas. También están en la mira la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la titular del TC, Luz Pacheco. La medida podría servir al Congreso para silenciar voces críticas o condicionar decisiones judiciales. Si se aprueba en el Pleno, marcaría un punto de quiebre en el equilibrio de poderes en el país.
