Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se presentó este martes 9 de abril ante el Congreso para responder más de 40 preguntas sobre su gestión y la del Ejecutivo. La interpelación abordó temas clave como seguridad ciudadana, salud pública, gobernabilidad y la defensa política de la presidenta Dina Boluarte. El premier llegó al hemiciclo en medio de crecientes críticas por la falta de resultados concretos y un país marcado por la inseguridad.
Durante su exposición, Gustavo Adrianzén defendió el Estado de Emergencia como una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado. Afirmó que la medida ha facilitado el trabajo policial, ha permitido desarticular bandas y ha incrementado el número de detenciones. “No se puede decir que las medidas han fracasado. Su éxito se observa de forma progresiva”, declaró, insistiendo en que se trata de un proceso integral y no de soluciones inmediatas.
No obstante, su intervención no convenció a todos. Desde la oposición, ya se baraja la posibilidad de una moción de censura si las respuestas del premier no satisfacen al Parlamento. Esta medida necesitaría al menos 33 firmas para ser presentada. Aunque sectores como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se han mostrado reticentes, algunos legisladores consideran que la presión ciudadana podría inclinar la balanza.
El congresista Edward Málaga, impulsor de la interpelación, afirmó que el descontento social es cada vez más evidente. Sostuvo que la falta de resultados en seguridad, salud y economía ha erosionado la confianza en el gabinete. “Adrianzén no debe confiarse. No solo se trata de votos, también hay una presión creciente desde las calles”, advirtió. Incluso planteó la posibilidad de un cambio de ministros o una reestructuración total del gabinete.
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Los cuestionamientos al premier también se centran en la ausencia de reformas urgentes en la Policía Nacional del Perú, la inacción frente a la minería ilegal y la crisis en empresas públicas como Petroperú y ESSALUD. Además, se le reprocha haber respaldado sin reservas a ministros cuestionados, como el del Interior, Juan José Santiváñez, pese a su bajo desempeño y falta de resultados tangibles en la lucha contra el crimen.
A todo ello se suma la defensa política que Adrianzén ha hecho de la presidenta Boluarte, incluso en medio del escándalo del “Rolexgate”. Este respaldo, lejos de fortalecer al gobierno, ha profundizado su crisis de credibilidad. Con una desaprobación ciudadana que supera el 80 %, el Congreso enfrenta ahora una disyuntiva: mantener el status quo o ejercer con firmeza su función de control político. El futuro del gabinete está en juego.
