El fiscal José Domingo Pérez, rostro visible del caso Cócteles, fue suspendido de manera provisional por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. La sanción, que lo aleja de su cargo durante seis meses, responde a una supuesta infracción administrativa cometida en el proceso contra el abogado Arsenio Oré Guardia, vinculado a Keiko Fujimori. Según la ANC, Pérez actuó a pesar de estar legalmente impedido, violando el artículo 47° de la Ley de la Carrera Fiscal.
El proceso disciplinario se inició el 22 de noviembre de 2024, cuando la ANC abrió una investigación de oficio contra el fiscal provincial. El detonante fue su intervención en un caso donde, según el Tribunal Constitucional, tenía un interés directo, lo que comprometía su imparcialidad. El fallo del TC fue contundente: anuló las acusaciones que el Equipo Especial formuló contra Oré Guardia durante más de cinco años. Esta decisión debilitó la posición de Pérez ante el organismo de control interno.
Pero la ANC no se detuvo allí. A la presunta infracción al artículo 47°, sumó la acusación por haber violado el artículo 33°, que exige objetividad e independencia en el ejercicio fiscal. La sanción lo deja fuera del Ministerio Público durante medio año, a menos que impugne y logre revertir la medida. Para muchos, este castigo marca un nuevo golpe contra los fiscales que lideraron investigaciones emblemáticas del caso Lava Jato en Perú.
La suspensión de Pérez no ocurre en un vacío. Coincide con la reciente ampliación de la sanción a Marita Barreto, también integrante del equipo Lava Jato. Ambas medidas llegaron luego de que el diario La República revelara una serie de audios comprometedores entre Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, y Christian Salas Beteta, abogado de Fuerza Popular. En esas grabaciones se evidencian coordinaciones que apuntan a desarticular al equipo que investigó a Keiko Fujimori.
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En los audios, Fernández Jerí sugiere actuar contra los fiscales incómodos, señalando incluso que no puede “remar solo” si no recibe apoyo para llevar adelante esas acciones. También se menciona la necesidad de proteger a informantes y presionar desde el Congreso. El nivel de detalle de las conversaciones ha encendido las alertas sobre un posible uso político del sistema disciplinario dentro del Ministerio Público, con miras a proteger a personajes investigados.
Tras conocerse su suspensión, José Domingo Pérez declaró que interpondrá todos los recursos necesarios para revertir la decisión. “Nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas”, afirmó. Alertó que su salida pone en riesgo la continuidad del caso Cócteles, ya que otro fiscal tomará el control de la investigación. Como en los años noventa —recordó—, los fiscales vuelven a enfrentar presiones y abusos desde dentro del propio sistema de justicia.
