La gestión del alcalde Roberto Muñoz Pinto frente a la alcaldía de Socabaya enfrenta un nuevo punto de quiebre. Cuatro regidores formalizaron este lunes una solicitud de vacancia contra el burgomaestre. La acusación central apunta a un favorecimiento indebido a la empresa Financiera IM Constructora EIRL. Esta se adjudicó concursos públicos para brindar servicios en la jurisdicción.
La concejal Magaly Agramonte lideró la presentación de la petición ante la mesa de partes del municipio. Esta contó con el respaldo de sus colegas María de Los Ángeles Carlin Torres, Shan Dalton Huanco Umpiri y Ericka Garrafa. El petitorio describe una predilección en los contratos hacia la empresa antes mencionada.
Según detalló Agramonte, existen «indicios de un presunto trato preferencial» por parte del alcalde Muñoz. Y es que Financiera IM Constructora EIRL se constituyó recientemente, en febrero de 2023, coincidiendo con el inicio de la gestión actual. Desde entonces, obtuvo un número considerable de licitaciones y órdenes de servicio dentro de la municipalidad, superando los 2.7 millones de soles en monto total.
El asesor legal de los regidores, Genaro Uribe, añadió un elemento clave a la controversia, al señalar la presunta cercanía entre la titular de la empresa cuestionada, Adeli Zeferina Jiménez Oviedo, y el alcalde Muñoz. El letrado se refirió a una investigación periodística previa que documentó la participación de Jiménez Oviedo en actividades proselitistas a favor de Muñoz durante la campaña electoral de 2022.
También te puede interesar: Socabaya: fiscalía investiga contratación de allegada a alcalde Muñoz
También recordó un incidente ocurrido en febrero, cuando una camioneta perteneciente a Financiera IM Constructora EIRL fue intervenida en el distrito de Hunter realizando pintas no autorizadas en apoyo a la candidatura regional de Roberto Muñoz. Este hecho alimenta las sospechas sobre una posible conexión indebida entre el alcalde y la empresa. Y pone en tela de juicio la imparcialidad en los procesos de contratación
“En el ámbito municipal no va a prosperar. La bancada del alcalde cierra filas y votan como él les dice. Nuestra lucha va hacia el Jurado Nacional de Elecciones para que de acuerdo a su criterio lo evalúe. Estamos seguros que la entidad votará por la vacancia. Aquí existe una violación a las restricciones de contratación”, declaró Uribe a los medios de comunicación.
Tras la formalización de la solicitud, se espera que el pedido de cese sea elevado al Concejo Municipal en un plazo máximo de 30 días. Los regidores deberán analizar la documentación y votar sobre la procedencia de la destitución. En caso de que rechacen la solicitud, la regidora Agramonte advirtió que recurrirán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita un dictamen sobre el caso.
