Mientras Pedro Castillo enfrenta un juicio por rebelión en la Corte Suprema, en paralelo se libran otras batallas legales en los fueros constitucionales. En uno de esos casos, un juez superior se ha desmarcado de la postura oficial y ha puesto en tela de juicio la forma en que el Congreso destituyó al expresidente. Se trata de Andrés Tapia Gonzáles, integrante de la Primera Sala Constitucional de Lima.
Tapia votó a favor de una demanda de amparo que buscaba anular la vacancia presidencial y el levantamiento del antejuicio político contra Castillo. A diferencia de sus colegas, el magistrado argumentó que el Parlamento no respetó el debido procedimiento ni las garantías mínimas del derecho a la defensa. Su voto no solo disiente, también denuncia: las reglas se rompieron.
El juez sostiene que el Tribunal Constitucional no validó ni invalidó directamente la vacancia. Explica que lo que resolvió el TC fue un habeas corpus, un recurso limitado a proteger la libertad personal. Por eso, considera que solo a través de una demanda de amparo puede analizarse si el Congreso actuó conforme a ley al declarar la incapacidad moral permanente de Castillo.
Tapia cuestiona abiertamente que se justifiquen procedimientos irregulares por tratarse de un contexto “excepcional”. Según él, ni siquiera ante un intento de golpe se puede vulnerar la Constitución. Advierte que permitirlo abre la puerta a la arbitrariedad. “No se respetaron los derechos fundamentales del actor”, escribió en su voto.
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En su análisis, el magistrado detalla que la votación no cumplió los requisitos legales: se necesitaban 104 votos para aprobar el debate inmediato de la vacancia, pero solo hubo 101. También afirma que se le negó a Castillo la posibilidad de defenderse antes del levantamiento del antejuicio. Esas decisiones, dice, distorsionaron el proceso y lo volvieron ilegítimo.
A pesar de considerar que retrotraer los hechos sería inviable, Tapia propuso declarar fundada la demanda como advertencia. Quería que el Congreso se abstenga de repetir estas prácticas y que, de hacerlo, se informe al Ministerio Público. La mayoría de la Sala rechazó esta posición, pero el voto solitario del juez deja constancia de un poder del Estado que, al menos en parte, duda de la versión oficial.
