Todo comenzó en marzo de 2024, cuando un pequeño de 4 años con Síndrome de Down empezó a asistir a un jardín estatal en Characato. Su familia confiaba en que, como cualquier otro niño, tendría la oportunidad de aprender y crecer junto a sus compañeros. Sin embargo, solo dos meses después, la maestra tomó una decisión por demás cuestionable: lo retiró de sus clases.
«No estoy capacitada ni quiero capacitarme en educación inclusiva«, le dijo la docente al padre del niño, según consta en la investigación fiscal. Esas palabras no solo reflejaban una negativa personal, sino una violación a los derechos fundamentales del menor. El padre, indignado pero decidido, acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos de Arequipa para denunciar el caso.
La fiscal adjunta Luisa Vásquez Arapa asumió la investigación. Reunió pruebas y confirmó que la docente había cometido discriminación agravada al negarle al niño con Síndrome de Down su derecho a la educación, reconocido por la Constitución y tratados internacionales. No era solo un acto de indiferencia, sino un delito.
El 4 de abril de 2025 la justicia falló a favor del menor. La maestra fue condenada a más de dos años de prisión (aunque con suspensión condicional), una multa de S/ 6 mil como reparación civil y la prohibición de enseñar en colegios públicos por un año.
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Este caso no solo busca reparar el daño a una familia, sino enviar un mensaje claro: la discriminación, especialmente contra niños con habilidades diferentes, no puede quedar impune. La educación inclusiva no es un favor, es un derecho. Y la justicia, aunque a veces tarde, llega.
