Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
A través del D.S. 008-2012-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar, “QALI WARMA”. El l objetivo era garantizar un servicio alimentario para niños y niñas de instituciones educativas públicas. Este servicio alimentario escolar se debería dar todos los días del año escolar respetando las costumbres de las zonas donde viven. Se buscaba con ello, contribuir a mejorar la atención y aprovechamiento académico en clases, favoreciendo la asistencia y permanencia de los niños y niñas. Además de mejorar los hábitos de alimentación saludable.
A raíz de los escándalos de corrupción que comprometió la cúpula de poder del más alto nivel del Ejecutivo, se emite el D.S. 010-2024-MIDIS, que cambia la denominación del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” y se sustituye por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria “Wasi Mikuna”. Justificando que además se darán otras medidas para el fortalecimiento y mejora de sus servicios. Asegurando a su vez la implementación y cumplimiento de los más altos estándares en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, es objetivo de la comunidad y del Estado otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables; en especial a las niñas y niños. A su vez, el artículo 4° de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y la sociedad. Siendo un servicio público gratuito cuando es ofrecido por el Estado en todos sus niveles y modalidades. Y se complementa en la educación inicial y primaria obligatoriamente, entre otros, con programas de alimentación.
Como se puede ver, la “ratio legis” que motivó en su momento las dación de estas disposiciones legales, son válidas y necesarias para asegurar, en este caso, una educación a nivel escolar que posibilite una enseñanza dentro de los estándares elementale. Para generar el conocimiento necesario de nuestros niños y niñas que les dé más oportunidades de desarrollo a futuro y sean agentes de cambio.
El problema radica, como siempre, en los operadores de la norma. Aquellos llamados a ponerla en ejecución, a los funcionarios y servidores desde los niveles más altos hasta los de menor rango. Es ahí donde se producen los actos de corrupción a gran escala, donde están comprometidos grandes cantidades del dinero público. Para luchar contra ello, se tiene que identificar a los corruptos, denunciarlos y sancionarlos. No basta con lavarse la cara cambiando de nombre a un programa contaminado desde hace tiempo. Sino con mejorar nuestras instituciones y a los que están al frente.. Tener la dignidad de desprenderse de compromisos vedados bajo la mesa, dejar ya de pagar favores y poner al Perú como misión y visión. Pero este Congreso, el Poder Ejecutivo, hacen todo lo contrario. Primero están ellos y sus familias que ahora hasta pueden contratar con el Estado.
Esta vez, ya no son las conservas “Don Simón” de Qaliwarma sino las conservas Karpez”, de Wasi Mikuna, con las que hubo una intoxicación masiva de alumnos en el norte. Los productos tenían presencia de gusanos, lo que ha obligado al Gobierno a cancelar el programa en mención. ¿Que harán ahora? ¿Darle otro nombre? Pero de sentencias condenatorias, nada. De cambios de ministros, tampoco.
Otra muestra más de la ignorancia y displicencia de estos personajes, que indigna es tener un ministro de Educación que exulte a viva voz: “¡Que viva el Autismo!”. Ese es el nivel de insensibilidad y frialdad de los que para nuestro lamento, nos gobiernan.
