El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay ordenó ocho meses de prisión preventiva contra José Alonzo Gallegos Sánchez. Las autoridades investigan al acusado por el presunto delito de violación sexual en perjuicio de una mujer de 30 años con discapacidad. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Islay, dirigida por la fiscal provincial Beatriz Borda Garrido.
Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió el 29 de marzo de 2025, cuando la víctima se dirigía al Centro Comunitario Mental de Cocachacra. Debido a una huelga en la zona, tuvo que hacer transbordo en el sector del boquerón – Dean Valdivia. Al no contar con suficiente dinero para el pasaje, mostró su carnet de discapacidad a varios conductores, pero ninguno accedió a llevarla. En ese momento, el investigado se ofreció a transportarla hasta Santa María, asegurándole que luego podría continuar su trayecto.
Durante el viaje, el conductor desvió la ruta hacia una zona despoblada. Al detener el vehículo, intentó convencer a la víctima de que bajara y se sentara con él. La mujer intentó escapar, pero el agresor la alcanzó, la obligó a subir nuevamente al automóvil y la sometió sexualmente en reiteradas ocasiones. Tras la agresión, la dejó abandonada en el sector de Arenal – Dean Valdivia, amenazándola para que no lo denunciara.
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En la audiencia del miércoles, la fiscal adjunta provincial Dayana Escobedo Barreda presentó los elementos de convicción que vinculan a José Gallegos Sánchez con el delito. Entre las pruebas expuestas se incluyeron testimonios, pericias médicas y evidencias recolectadas durante la investigación. Tras evaluar la solicitud, el juzgado determinó que existían suficientes indicios para dictar la prisión preventiva.
Este jueves se confirmó la medida de coerción por un plazo de ocho meses. Esto mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar una posible acusación formal contra el imputado. La decisión judicial responde al riesgo de fuga del investigado y a la gravedad de los cargos, considerados un peligro para la víctima y la sociedad.
De ser culpable, José Alonzo Gallegos Sánchez podría recibir una pena de entre 20 y 26 años de prisión, de acuerdo al Código Penal. La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y la lucha contra la violencia de género en la región.
