El Ministerio Público investiga las irregularidades en el concurso público de contratación de personal del hospital Goyeneche. Esto tras un informe publicado por Revelación.pe, donde se advertía un direccionamiento de las plazas administrativas. Del mismo modo, la directora Paula Suclla Loayza suspendió el proceso hasta esclarecer estos indicios.
El caso obra en el expediente N° 1506015500 del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo del fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva. Este recepcionó la denuncia de una de las postulantes que fue rechazada del proceso. Por tanto, se dispuso la intervención preventiva al nosocomio, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en agravio del Estado.
Mientras tanto la Dirección del Hospital Goyeneche tomó la decisión de suspender el proceso de selección de personal, a partir del 4 de abril. Esto con el fin de realizar las investigaciones correspondientes y tomar una decisión sobre la continuidad o anulación del concurso. Ya que también detectaron indicios de direccionamiento para un grupo de personas.
Como se recuerda, las denuncias de favoritismo se fundamentan en la repentina y cuestionable modificación de las bases y perfiles de los puestos requeridos. Y es que según el informe N° 106-2025-GRA/GRS/HG/OEI, emitido por Rubén Darío Álvarez Figueroa, jefe de Estadística del hospital, el 10 de marzo se publicaron en la web institucional los archivos del concurso N° 01-2024-HG, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276. Sin embargo, el 18 de marzo, los documentos se modificaron sin previo aviso ni justificación, alterando el número de folios y los perfiles de puesto.
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Las modificaciones realizadas generaron suspicacias, ya que parecen favorecer a un grupo específico de postulantes que no cumplían con los requisitos iniciales. Originalmente, se requería título de Instituto Superior Tecnológico y/o estudios universitarios de al menos 6 semestres académicos para la mayoría de plazas técnico-administrativas, lo que permitía la competencia entre profesionales de universidades e institutos.
No obstante, los nuevos perfiles limitan la postulación únicamente a egresados de institutos superiores, excluyendo a profesionales con formación universitaria. Además, se eliminó el grado de bachiller como requisito, a pesar de que inicialmente se consideraba. Estas alteraciones son arbitrarias y atentan contra la transparencia del proceso. Ya que se realizaron sin comunicación a las autoridades competentes ni a los postulantes, y sin ofrecer razones o motivaciones.
