El Sistema Nacional de Control (SNC) enfrenta una crisis presupuestaria que ha obligado a replantear sus estrategias de fiscalización. Así lo anunció el contralor general César Aguilar Surichaqui ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Allí explicó que esta reingeniería busca optimizar recursos y garantizar un control más efectivo sobre la gestión pública.
“Hemos reducido en 33% las metas de control a las entidades públicas y priorizaremos el control posterior, que permite identificar presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas de los funcionarios públicos”, señaló Aguilar. Con esta estrategia, se busca garantizar que el control gubernamental tenga un impacto real en la ejecución de obras y servicios.
Uno de los cambios clave será la implementación del control preventivo, un mecanismo que no genera costos adicionales para las entidades fiscalizadas. Según Aguilar, en los últimos ocho meses esta medida ha permitido destrabar 133 obras paralizadas a nivel nacional, con una inversión total de S/ 3600 millones. En contraste, el control concurrente, impulsado por la gestión anterior, será sometido a evaluación debido a su bajo retorno de inversión.
La situación financiera de la Contraloría es crítica. Aguilar advirtió que el presupuesto asignado para 2024 asciende a S/ 968 millones, una cifra insuficiente para sostener las labores de control a nivel nacional. A pesar de haber solicitado una asignación adicional al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso, no se ha logrado concretar ningún apoyo financiero.
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Como consecuencia, se ha ordenado la no renovación de contrato de 2900 trabajadores que ingresaron tras el último concurso público, realizado sin respaldo presupuestario. Sin embargo, Aguilar aclaró que la Contraloría no cerrará en mayo, sino que los fondos solo alcanzan para cubrir planillas hasta ese mes. Dejando en incertidumbre la operatividad de la institución en el segundo semestre del año.
En su intervención ante el Congreso, el contralor también presentó informes sobre el control interno en entidades estatales. Además del impacto de la contaminación del río Santa en Áncash y la fiscalización del Proyecto Virú Mar en La Libertad. Con esta reingeniería, la Contraloría busca hacer frente a las limitaciones económicas sin perder su capacidad de supervisión en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
