En un país donde los hospitales colapsan, faltan medicinas y miles de peruanos esperan meses por una consulta médica, el Congreso de la República ha decidido asegurarse la mejor atención privada sin gastar un sol de sus bolsillos. Mediante un acuerdo de la Mesa Directiva, se aprobó la contratación de un seguro médico privado por S/ 9,594,875.9. Este será para parlamentarios, expresidentes y sus familiares, financiado íntegramente con fondos públicos.
La decisión, tomada el pasado 21 de febrero, asigna S/ 5,644,044.60 para el 2025 y S/ 3,950,831.19 para el 2026. Este gasto millonario fue autorizado por la Dirección General de Administración (DGA). El mismo que está bajo la gestión de Rosa Elena Izaguirre Silva, designada en enero de este año. A pesar de la magnitud del desembolso, la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana (APP), no ha dado explicaciones ni respondido a los cuestionamientos de la prensa.
Lo más polémico es que la póliza se adjudicó de manera directa a Rímac Seguros y Reaseguros S.A.. Todo sin la necesidad de un proceso de concurso público con múltiples postores. Este procedimiento ha generado críticas debido a la falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado.
El gasto en seguros del Congreso no es nuevo, pero su crecimiento es alarmante. En 2023, se destinaron aproximadamente S/ 1.9 millones en distintas pólizas para los legisladores, un monto que ahora ha aumentado casi un 400%. Además del seguro médico privado, en años anteriores se asignaron fondos para seguros de vida, accidentes personales y riesgos laborales, beneficiando a diversos proveedores del sector asegurador.
Mientras se destinan millones en beneficios exclusivos para parlamentarios, el Congreso también aprobó la compra de dos edificios en el Cercado de Lima por US$ 13.5 millones. Justificaron la adquisición como parte de la implementación del sistema bicameral que entrará en vigencia en 2026. Este desembolso se suma al presupuesto general del Parlamento para 2025, que supera los S/ 1,400 millones.
Por otro lado, la Dirección General de Administración del Congreso ha estado bajo la lupa debido a la reciente crisis institucional. La nueva jefa, Rosa Elena Izaguirre, reemplazó a Carlos País. Este exfuncionario está vinculado a Alianza Para el Progreso y fue cuestionado en el escándalo de una presunta red de prostitución dentro del Parlamento. En medio de estas controversias, la opacidad en la contratación de seguros privados solo aumenta el descontento ciudadano hacia la clase política.
