Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
Han pasado cuatro años de las elecciones generales del 2021 y Keiko Fujimori quiere seguir pasando de víctima, denunciando que le robaron las elecciones. Según Fujimori, su partido fue víctima de un “fraude electoral” en las elecciones que resultaron en la victoria de Pedro Castillo.
“A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos”, afirmó la excandidata presidencial durante su discurso de aniversario en la localidad de Cieneguilla. Todo sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones. Y cuando todos los observadores internacionales y las autoridades electorales desvirtuaron indicios de fraude electoral.
No faltó que una ciudadana llamada Beatriz Cano, presentará ante la Fiscalía de la Nación, una denuncia por conducta antidemocrática en contra de Fuerza Popular. Argumenta que el partido de Keiko incurrió en acciones antidemocráticas en los casos ‘Cócteles’, ‘Mamanivideos’ y en las denuncias de fraude electoral tras las elecciones de 2021.
Ante lo cual, el Ministerio Público de acuerdo a sus atribuciones, abrió una investigación preliminar para evaluar la solicitud de declaratoria de ilegalidad del partido Fuerza Popular por presunta conducta antidemocrática. La que podría derivar en una solicitud a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de dicho partido político.
Díganme, si no es una conducta antidemocrática, practicada sostenidamente por una connotada lideresa política, presidenta de una partido, que insista, cual Donald Trump, que le ganaron con fraude, sin estar respaldada en prueba alguna. Ese es el discurso que se merece nuestra nación, que requiere hoy más que nunca de la entereza moral, del desprendimiento de intereses personales en aras del interés nacional y que ratifique la necesidad de construir nuestra debilitada democracia.
La Ley de Partidos Políticos, Ley 28094, en su artículo 14º, faculta al Fiscal de la Nación y también al Defensor del Pueblo para solicitar ante la Corte Suprema la ilegalidad de cualquier organización política. Ahora estamos realizando indagaciones previas, a fin de determinar si las solicitudes presentadas cumplen o no los presupuestos establecidos en la referida ley.
Pero, todo lo contrario, como parte de su victimización, la lideresa de Fuerza Popular se pronunció en medio del inicio de diligencias por parte de la Fiscalía a raíz del pedido de declaratoria de ilegalidad contra su partido. Expresó su preocupación por lo que considera una interferencia en el proceso electoral y arremetió contra la entidad dirigida por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, asegurando que se convirtió en “el primer actor político”.
Me pregunto si no es antidemocrático cuestionar y denunciar sin pruebas ni indicios, la legalidad del proceso electoral del año 2021. Socavar con ello, las instituciones más representativas en materia electoral como el JNE, la ONPE y la RENIEC. Objetivamente está demostrado que sus denuncias de fraude no tienen ni pies ni cabeza. Lo hace por cálculo político, pero debilita la institucionalidad de los entes electorales que alguna credibilidad tienen.
Sin embargo, con sus acciones vistas, Keiko Fujimori seguro intentará por cuarta vez, alcanzar la primera magistratura y, aún frente al “panetón TOTTUS” como adversario en la lid, de seguro sumará su cuarta derrota. Otra vez la intentona de fraude será esgrimida. Es menester por tanto, evaluar al detalle y con pausa, la denuncia presentada. Pues, nuestro alicaído sistema democrático no puede darse el lujo que lo sigan petardeando desde adentro sin que pase nada.
Aunque parezca utópico, pero son justamente los partidos políticos y sus líderes, los llamados a demostrar con sus actos y declaraciones, la pulcritud y decencia política y desterrar el discurso de que aman al Perú pero, con autogoles en su íntima entraña.
