Las extorsiones a colegios privados en el Perú han alcanzado niveles alarmantes. Según la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), las amenazas ocurren casi de inmediato después de presentar denuncias en comisarías. Lo que ha generado temor y desconfianza en el sistema de seguridad. «Uno va a la comisaría y, dos o tres minutos después, te llaman para decirte que ya saben que estuviste allí», alertó Guido Quintanilla, presidente de Anacopri.
Esta situación ha llevado a que muchas instituciones educativas opten por el silencio. Aunque el Ministerio de Educación ha confirmado 28 denuncias formales, Anacopri estima que al menos 177 colegios están en riesgo y que la cifra real podría superar los 500. Los extorsionadores utilizan llamadas, mensajes de texto y hasta visitas presenciales para exigir pagos, amenazando con atentar contra la seguridad de estudiantes y docentes.
Uno de los aspectos más preocupantes es la posible filtración de información dentro del sistema de denuncias. La rapidez con la que los delincuentes reaccionan tras una denuncia genera sospechas sobre el acceso que podrían tener a datos sensibles dentro de las comisarías. «El jefe de Policía tiene solo 25 casos registrados, pero sabemos que la situación real es mucho peor», señaló Quintanilla.
El ministro de Educación, Morgan Quero, ha instado a los colegios a reportar cualquier amenaza. Pero la brecha entre los casos denunciados y los que realmente ocurren pone en duda la efectividad de las estrategias de seguridad. Los colegios ahora enfrentan una disyuntiva: denunciar y exponerse a represalias o callar y operar bajo amenaza.
El problema no es nuevo. Seis meses atrás, representantes de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú (Apeip) advirtieron al ministro Quero sobre la crisis de extorsiones en colegios privados. Durante una reunión en septiembre de 2024, incluso le entregaron un sobre con pruebas de los mensajes extorsivos. Sin embargo, según Giannina Miranda, presidenta de Apeip, el ministro desestimó la situación y ni siquiera revisó la documentación. «Lo hizo a un lado y nos descalificó con comentarios ofensivos», denunció Miranda.
Mientras el gobierno intenta responder a la crisis, las amenazas siguen en aumento. Instituciones como el colegio Pitágoras de Los Olivos han tenido que suspender clases presenciales tras recibir mensajes intimidantes de grupos delincuenciales. Sin medidas efectivas de protección, la inseguridad en los colegios privados sigue creciendo, dejando a miles de estudiantes y docentes en una situación de vulnerabilidad.
