Las molestas llamadas spam tienen los días contados en Perú. A partir del 31 de marzo, entra en vigencia el nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). Esta prohibirá a las empresas realizar llamadas comerciales sin el consentimiento del usuario. Esta medida busca frenar una de las principales quejas de los consumidores, quienes reciben en promedio 25 llamadas spam al día, según Aspec.
De acuerdo con el artículo 26° del reglamento, las empresas solo podrán hacer un primer contacto para solicitar el permiso del usuario. Si la persona se niega, la compañía no podrá volver a llamarlo con fines comerciales. Además, si la empresa usa un call center externo, este deberá registrar la negativa y comunicarla a la compañía contratante, evitando futuros intentos de contacto.
Para reforzar esta protección, los ciudadanos podrán presentar una solicitud para oponerse al uso de sus datos con fines publicitarios. Según la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), las empresas estarán obligadas a facilitar un medio sencillo y gratuito para realizar este trámite. Este deberá resolverse en un máximo de 10 días.
El reglamento también establece que las empresas deberán informar a la ANPD sobre incidentes de seguridad que comprometan los datos personales de un gran número de ciudadanos o que afecten información sensible. Esta notificación deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas tras detectar la vulneración.
También te puede interesar: Sunafil: «El trabajo del hogar debe garantizarse en condiciones de igualdad y no discriminación»
En caso de que una empresa no respete la normativa y continúe realizando llamadas no autorizadas, los ciudadanos podrán presentar una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) a través de la Mesa de Partes presencial o virtual. También pueden hacer consultas llamando al 204-8020 (anexo 2410) o escribiendo al correo protegetusdatos@minjus.gob.pe.
Con esta nueva regulación, el Perú da un paso adelante en la protección de la privacidad de sus ciudadanos. Estableciendo límites claros para las empresas y brindando herramientas efectivas para que los usuarios controlen el uso de sus datos personales.