La principal función de los consejeros es la fiscalización, pero a muchos parece no importarles y buscan blindar a la gestión de turno. Y es que durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional de Arequipa (CRA) de este martes, los legisladores regionales bloquearon la propuesta para crear una comisión investigadora.
La iniciativa buscaba esclarecer presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la obra vial Cabrería (Cayma) – Pampa Cañahuas (Yura). Proyecto que en su momento se le adjudicó a Obrainsa, socia del infame “Club de la construcción”. Así como investigar los cuestionamientos de corrupción que pesan sobre el actual gerente de Infraestructura, Fabián Enriquez Mamani.
El oficio N° 091-2024-GRA-CR/MALR, que contenía está proposición, fue cursado por el consejero Miguel Ángel Linares Riveros para su aprobación ante el pleno. Sin embargo, previo al debate, su colega Aaron Maldonado López propuso que el caso se revise a nivel de la comisión de Infraestructura que él preside.
Arman coraza
Como era de esperarse, la balanza se inclinó a favor del oficialismo por mayoría de votos de los consejeros Osías Ortiz Ibáñez, Juan Carlos Huanca Molero, Marleny Arminta Valencia, Norma Ortega Valdivia, Natividad Taco Cueva, Roxana Llamoca Huayhua y el propio Aaron Maldonado López. Es así que, la opción de conformar una comisión investigadora para este caso quedó sin efecto.
“Que la historia los juzgue. Acá se está omitiendo la función de fiscalización. Ellos tienen más votos y quieren evitar que fiscalicemos a toda costa. Esto corresponde a una comisión investigadora y no a una comisión ordinaria. Ni siquiera van a poder evaluar la cantidad de obras por administración directa y contrata que el Gobierno Regional tiene bajo su administración”, señaló Linares Riveros
Por su parte, el consejero César Huamantuma acusó a sus homólogos de perpetrar un blindaje a los funcionarios del gobernador Rohel Sánchez. “Quieren entorpecer la labor de fiscalización y decir simplemente que se evalúa a nivel de comisiones ordinarias. No se puede permitir que por temas meramente políticos se intente menoscabar nuestra función”, cuestionó.
El abogado especialista en temas municipales, Jorge Sumari Buendía, explicó a Revelación.pe que si bien consejeros potestad de plantear cuestiones previas, esta posición se interpreta como un blindaje para Sánchez y sus funciones. Toda vez que buscan esquivar investigaciones que los involucran.
“Las comisiones especiales requieren una investigación célere. En la comisión ordinaria va a esperar turno. Esto se puede interpretar como si los consejeros de oficialismo quisieran dilatar y negarse a una investigación. Lo que quieren es eso. No hay garantía ni transparencia en esa investigación. Lamentable es parte de las labores democráticas, consejeros deben ser los primeros en investigar y fiscalizar. La están tomando políticamente”, explicó el letrado.
Obrainsa en Arequipa
El caso se hizo conocido tras una investigación de Revelación.pe. La empresa Obras de Ingeniería SAC (Obrainsa) expandió su cartera de proyectos con el Estado peruano, pese a sus antecedentes corruptos. Y obtuvo la licitación para el «Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la vía Cabrería – Pampa Cañahuas» en Arequipa
En su momento, la compañía se asoció con EPCM Consulting SAC y Blue Horizon SAC, formando el Consorcio Vial del Sur. La obra, impulsada por la administración de Rohel Sánchez, tiene un valor estimado de S/ 176 millones 344 mil.
El proceso de licitación atrajo el interés de 84 empresas, pero sólo cinco presentaron ofertas económicas. De estas, únicamente tres pasaron a la etapa de calificación final. El Consorcio Vial del Sur, liderado por Obrainsa, presentó la oferta más competitiva, superando a sus competidores por un margen considerable. Su propuesta económica fue un 10% inferior al presupuesto referencial establecido por el gobierno regional, lo que le valió la adjudicación del proyecto.
No obstante, Obrainsa nunca pudo intervenir en el proyecto, pues el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) penalizó a la empresa en junio del año pasado. Y luego de eso le quitó la potestad de licitar para la ejecución de obras, por lo que la buena pro quedó nula. Pero aún quedan dudas sobre cómo se alzó con la licitación con todos sus antecedentes e inhabilitaciones.
