Las reglas para los aspirantes a las elecciones generales de 2026 están claras. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que las autoridades que deseen postular a la presidencia, el Congreso, Senado o el Parlamento Andino deberán renunciar a sus cargos antes del 13 de octubre de 2025. La medida, oficializada en la Resolución N° 0110-2025-JNE, busca evitar el uso indebido de recursos públicos en la campaña electoral.

Este requisito aplica para altos funcionarios del Gobierno, como el presidente de la República, ministros y viceministros, así como para gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes. Para oficializar su renuncia, cada autoridad deberá presentar el documento ante la entidad correspondiente y remitirlo al Jurado Electoral Especial (JEE) dentro del plazo establecido.

El JNE también estableció que los trabajadores y funcionarios del Estado que aspiren a participar en los comicios deberán solicitar licencias sin goce de haber. Esto a partir del 11 de febrero de 2026, dos meses antes de la jornada electoral. Esto garantizará que los postulantes no utilicen sus cargos para obtener ventajas indebidas durante la campaña.

Entre las figuras políticas que podrían verse afectadas por esta normativa se encuentran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, quienes deberán renunciar antes de octubre de 2025 si deciden postular a la presidencia. La norma también aplica para otros funcionarios que aspiren a cargos de elección popular.

En caso de renuncias, la sucesión de cargos está prevista en la normativa. Los vicegobernadores asumirán automáticamente las funciones de los gobernadores que dejen el puesto, mientras que en los municipios, los alcaldes encargados deberán gestionar sus credenciales ante el JNE para formalizar su designación.

Las fechas clave del proceso ya están definidas. Hasta el 20 de octubre de 2025, todas las renuncias deberán estar registradas ante el JNE. Luego, el 11 de febrero de 2026, comenzarán las licencias para los funcionarios que deseen postular. Con estas medidas, el organismo electoral busca garantizar unas elecciones imparciales y transparentes, evitando cualquier tipo de ventaja indebida en la contienda electoral.