El Perú ya tiene fecha para definir su futuro. La presidenta Dina Boluarte anunció este lunes la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. Desde Palacio de Gobierno y en compañía de las principales autoridades electorales, Boluarte subrayó la importancia de este proceso y lo calificó como «una cita con la historia».

Durante su discurso, la mandataria recordó que los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta, así como a los nuevos diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino. «Garantizaremos elecciones limpias, transparentes y ordenadas», enfatizó, asegurando que su gobierno brindará el apoyo necesario a las entidades encargadas del proceso electoral.

Boluarte también hizo un llamado a los partidos políticos a realizar una campaña electoral basada en propuestas. «El Perú necesita un debate serio, que garantice crecimiento económico, justicia social y desarrollo. No podemos permitirnos más inestabilidad», declaró, en referencia a la reciente crisis política que llevó al país a tener seis presidentes en pocos años.

El sistema electoral contempla una primera vuelta en abril de 2026, y, de ser necesario, una segunda vuelta en junio. El Congreso se renovará mediante representación proporcional por regiones, con un mandato de cinco años. La mandataria destacó que se trabajará para que los resultados sean incuestionables y respeten la voluntad ciudadana.

Por su parte, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, anunció que el padrón electoral cerrará el 12 de octubre de 2025, seis meses antes de lo previsto. Este adelanto busca depurar el registro y garantizar que más de 27 millones de peruanos puedan votar con datos actualizados. «Es fundamental que los ciudadanos renueven su DNI y que los jóvenes que cumplan 18 años regularicen su situación», señaló.

Uno de los cambios más relevantes será la mejora en el registro de defunciones. RENIEC detectó más de 7,200 personas fallecidas aún inscritas en el padrón. Para corregir esto, los familiares tendrán 30 días para registrar la defunción, tras lo cual la entidad procederá de oficio. Con estos ajustes, las autoridades buscan asegurar un proceso electoral confiable y sin irregularidades.