El nombramiento de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior no llegó con bombos ni platillos. Fue un acto rápido, casi sigiloso, como si el gobierno prefiriera evitar preguntas incómodas. Apenas minutos antes de las tres de la tarde de este lunes, sin convocatoria ni transmisión en vivo, el exviceministro de Seguridad Pública juró ante la presidenta Dina Boluarte. El escenario no podía ser más distinto al de su predecesor, Juan José Santiváñez, quien salió por la puerta trasera del Congreso tras ser censurado por su incapacidad para frenar la ola criminal que azota al país.
Díaz Zulueta no es un desconocido en los pasillos del poder. Tiene más de cuatro décadas de servicio policial, un currículum repleto de condecoraciones y dos maestrías que respaldan su perfil técnico. Pero detrás de los diplomas y los galardones hay un expediente que lo vincula a un escándalo de corrupción.
Durante su gestión como jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque, la Fiscalía Anticorrupción descubrió irregularidades millonarias en la compra de alcohol en gel y mascarillas para agentes en plena pandemia. Los insumos, según un peritaje, eran de mala calidad, estaban sobrevalorados y provenían de proveedores sin experiencia. El caso sigue abierto, pero eso no impidió que el Estado destinara 80 mil soles para pagar su defensa legal.
Mientras las investigaciones avanzan, sus declaraciones públicas han encendido otra polémica. En una visita a Huancayo, como viceministro, aseguró que el Perú es líder en seguridad ciudadana en América Latina. «Tenemos los mejores alcaldes, los mejores policías», dijo, con una sonrisa que contrastaba con las noticias diarias de extorsiones, asaltos y narcobandas. Las redes estallaron. ¿En qué país vive Zulueta? Las encuestas muestran que ocho de cada diez peruanos consideran la inseguridad como su principal preocupación.
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Su carrera política, por ahora, ha sido tan efímera como polémica. En 2022, coqueteó con una candidatura a la alcaldía de Surco bajo la sombra del Partido Morado, pero nunca formalizó su inscripción. Luego, dio un giro y se alineó con Alianza para el Progreso (APP), donde tampoco logró un puesto. Ahora, sin haber ganado una elección, llega al Ministerio del Interior por designación directa.
El reto que enfrenta es enorme. Debe convencer a una ciudadanía harta de la delincuencia y a un Congreso hostil de que está limpio y es capaz. Pero el fantasma de Lambayeque lo sigue. Si las investigaciones avanzan, su paso por el gabinete podría ser tan fugaz como el de Santiváñez. Por ahora, su mayor prueba no está en las calles, sino en los tribunales.
