Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político: Mail: ocandia@unsa.edu.pe
El viernes de la semana pasada, en un hecho singular, miles de peruanos, salieron a marchar a las calles reclamando al Estado mayor seguridad. No cabe duda que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas que nos afecta y que tiene incidencia directa en la calidad de vida y el desarrollo económico y social del país.
Frente a esta realidad, es imperativo que el Perú adopte un enfoque integral y sostenible para enfrentar este desafío. Consideramos, como punto de partida, la firma de un “Pacto por la Seguridad”, donde todas las autoridades e instituciones del país acuerden políticas públicas y estrategias claras para reducir la inseguridad. Este pacto debe basarse en una estrategia holística que contemple tres ejes fundamentales: (i) prevención, (ii) control y disuasión, y (iii) reinserción social con oportunidades.
La prevención es la piedra angular para reducir la criminalidad a largo plazo. La prevención social implica abordar las causas estructurales del delito: pobreza, exclusión social, desintegración familiar y falta de acceso a educación y empleo (implica un trabajo a largo plazo y revisar el Acuerdo Nacional). Programas comunitarios que fortalezcan el tejido social y promuevan valores ciudadanos deben implementarse con énfasis, especialmente en zonas vulnerables. La educación juega un papel central en esta estrategia. La intervención temprana en comunidades con alta incidencia delictiva puede romper el ciclo del crimen desde sus raíces.
El segundo eje de esta estrategia debe enfocarse en el control y la disuasión del delito. La Policía Nacional del Perú juega un rol esencial como institución encargada de garantizar el orden interno. La PNP debe modernizar sus métodos operativos y fortalecer su capacidad para disuadir la acción criminal. Esto requiere inversión en tecnología, equipamiento y formación policial especializada.
Una de las medidas más efectivas es la implementación de una estrategia de inteligencia policial con enfoque preventivo. La recopilación y análisis de información deben permitir a la PNP desarticular organizaciones criminales antes de que sus actividades escalen. La extorsión y el sicariato, en particular, requieren una respuesta firme y coordinada. La policía debe trabajar en estrecha colaboración con fiscales y el poder judicial, garantizando la persecución efectiva de los criminales y la protección adecuada para las víctimas y testigos.
Además, el incremento de patrullajes focalizados en zonas críticas, el uso de tecnologías y el uso de la inteligencia artificial pueden mejorar la percepción y realidad de seguridad en las comunidades. La seguridad ciudadana no debe recaer únicamente en la Policía Nacional, se requiere de la participación activa de la ciudadanía.
El último eje, y no menos importante, es la reinserción con oportunidades. El Estado debe ofrecer alternativas reales a quienes han cometido delitos, especialmente a aquellos que han cumplido condena. La reinserción efectiva requiere programas que faciliten el acceso a la educación, el empleo y la inclusión social.
La Policía Nacional del Perú debe liderar con inteligencia y eficacia la lucha contra organizaciones criminales como las dedicadas a la extorsión y el sicariato, asegurando que la justicia prevalezca. Es momento de unir esfuerzos, de dejar de lado nuestras diferencias y construir un Perú más seguro y justo para todos.
