El último lunes 10 de marzo cuando el enfrentamiento entre el gobernador Rohel Sánchez y el gremio de Construcción Civil aún no arreciaba, una solicitud ingresó a través de mesa de partes del Consejo Regional. El documento exigía la derogatoria de las ordenanzas 283 y 449 que otorgan una cuota laboral del 60 % a los trabajadores de Construcción Civil en obras por administración directa del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
El petitorio fue firmado por 13 ciudadanos, sin embargo, 12 de ellos apenas consignaron el número de sus DNIs. Y solo una se identificó: Angelita Guevara Barrios, presidenta del Frente de Defensa del Asentamiento Humano Horacio Zevallos Gámez. Ese mismo día, la señora Guevara recibía la atención de algunos medios de comunicación. A través de los cuáles acusaba al gremio de Construcción Civil de paralizar las obras de la región Arequipa, un día antes de que anunciaran un paro indefinido.
Angelita Guevara es conocida por ser allegada de la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos Patrón. En marzo del 2024, en el mismo pueblo de donde es dirigente, denunciaron que fungía como coordinadora de obras. Se decía que colocaba trabajadores que apoyaron durante la campaña de Rohel Sánchez en el proyecto de “Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal en el sector 2 de Horacio Zeballos». Los mismos vecinos denunciaron que Guevara Barrios usaba la relación cercana con la esposa del gobernador para cumplir su cometido.
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¿Es demasiada coincidencia que este mismo personaje haya presentado la solicitud de derogatoria de las normas citadas ante el Consejo Regional? De acuerdo a fuentes consultadas por Revelación, el documento no cumple con los requisitos mínimos para ser admitido. Por ello también sorprende que se le haya dado trámite e inclusive que haya pasado a evaluación en la Comisión de Trabajo del pleno regional.
El pedido de los ciudadanos se hizo un día antes de que iniciara la huelga de Construcción Civil.
Las ordenanzas en cuestión
La Ordenanza Regional 283 fue aprobada en 2014 y firmada por el ex gobernador Juan Manuel Guillén Benavides. En el artículo 3 se establece que «El gobierno regional asignará el 60 % de la mano de obra calificada y no calificada a los sindicatos de Construcción Civil existentes en Arequipa». El otro 40 % está destinado a la sociedad civil conforme a lo que disponga el gobierno regional.
Esta norma fue modificada por la Ordenanza Regional 449, en 2021, durante la gestión de Elmer Cáceres Llica. Y dictamina que el 20 % de la fuerza laboral de construcción civil y el 10 % del gobierno regional este conformada por mujeres.
De acuerdo al documento que solicita la derogatoria de ambas normas, estas ordenanzas «solo han traído retrasos injustificados en la ejecución de obras por administración directa que el Gobierno Regional de Arequipa ejecuta». Cabe, nuevamente, recalcar que la solicitud ingresó un día antes de que Construcción Civil iniciara su paro indefinido.
Para los firmantes, «la principal causa de que las obras estén paralizadas y suspendidas, son los sindicatos de construcción civil, a través de los comités de obra». Un discurso que no dista de lo declarado por el gobernador, un día después, cuando amenazó con despedir a los obreros y calificó de extorsionadores a los miembros del sindicato.
Un trámite irregular
El 12 de marzo a las 10 de la noche con 27 minutos se levantaba el paro de Construcción Civil acatado desde un día antes. Sin embargo. extrañamente, el trámite de la solicitud de derogatoria de la cuota sindical seguía su curso, incluso cuando debió rechazarse de manera inmediata.
De acuerdo al especialista en gestión pública, Jorge Sumari, en estos casos se aplica la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta señala que para presentar una iniciativa legislativa en el Consejo Regional es necesario juntar el 0,3 % de las firmas de la población electoral de la región Arequipa, certificadas por Reniec. Es decir, para solicitar la derogatoria de las ordenanzas 283 y 449 se necesitarían cómo mínimo 3 mil 490 rúbricas válidas.
Le preguntamos al especialista: ¿Qué pasa si no se cumple ese requisito en la solicitud? Entonces «el documento debe ser rechazado, inmediatamente, así de simple», sentenció. Es decir, la presidencia del Consejo Regional, que cuenta con una secretaría técnica que evalúa estos temas, debió archivar la solicitud.
Sin embargo, a pesar de no cumplir lo mencionado, el trámite siguió su curso e incluso se derivó hacia la comisión de Trabajo del Consejo Regional de Arequipa, presidida por la consejera Yesenia Choquehuanca, para su evaluación.
Reacciones
Ante los hechos quisimos contactarnos con los involucrados. La consejera Choquehuanca aseguró que se encuentran evaluando la información y que la próxima semana habría un pronunciamiento por parte de su grupo de trabajo.
Por su parte, el consejero César Huamantuma, también integrante de la comisión dijo que no cree en las coincidencias. «Justo una persona afín a la gestión presenta este documento. Yo le pediría al gobernador que tenga los pantalones para pedir esa derogatoria. Además, él ha manifestado que tiene una posición contraria a la ordenanza del sindicato. Él lo ha dicho. ¿Por qué no lo presenta él, directamente?», sostuvo. Ambos legisladores regionales se abstuvieron de adelantar opinión respecto al trámite y regularidad de la solicitud.
Intentamos contactarnos con el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osías Ortiz, de forma telefónica. Le explicamos el tema y pidió que lo llamemos una hora. Pero no volvió a responder.
Este escenario deja una serie de dudas razonables. ¿Qué intereses hay detrás de la intención de continuar con un trámite completamente irregular? ¿Quién dio la orden de seguir? ¿Por qué la solicitud, en lugar de ser archivada, sigue rebotando en las oficinas de Consejo? ¿Acaso buscan que algún consejero se compre el pleito y plantee la derogatoria? Al gobernador Rohel Sánchez y su entorno: ¿Se está intentando socavar de forma indirecta los acuerdos con el sindicato de Construcción Civil?
¿Qué dirá el sindicato de Construcción Civil?
